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Antonio Papell

Cataluña: un pacto, más que un acuerdo

El seny catalán, un concepto que podría traducirse como buen juicio, capacidad de entendimiento, sentido común, no ha desaparecido en el sumidero del Procés. Y algunas personalidades -siempre destaca la figura del catedrático Antón Costas- no dejan de reclamar, a pesar de lo avanzado de la ruptura soberanista, la vía de la conciliación y el pacto que evite la dramatización que se producirá con seguridad si el asunto acaba en el previsible choque de trenes que debería producirse el 1 de octubre.

Costas, en un artículo reciente, introduce una sutil matización que viene al caso. En un texto titulado "Buscar arreglos, no soluciones", mantiene que en un conflicto tan complejo como el catalán lo procedente no es tanto buscar una "solución" sin conseguir "un arreglo". Los conflictos -razona- no son ecuaciones matemáticas de solución única sino situaciones que admiten equilibrios múltiples. Y aunque "buscar un arreglo pueda parecer una actitud poco ambiciosa para la magnitud del reto, no es así". Entre otras razones, porque el concepto de arreglo remite a la noción de contrato social, en el que, por definición, todos ganan. "Las constituciones -argumenta- son contratos sociales para lograr que personas que tenemos diferentes preferencias e intereses podamos encontrar arreglos a nuestras diferencias y así poder convivir pacífica y productivamente"€ Con lo que Costas viene a sugerir, razonablemente, que el contencioso podría "arreglarse" mediante una reforma pactada de la Constitución, de las reglas de juego. "Las Constituciones, como los contratos, hay que adaptarlas cuando cambian las circunstancias que les dieron origen".

Costas no va más allá en su propuesta, pero sí previene seriamente contra el vicio de la sinécdoque (tomar el todo por la parte). En otras palabras, deja claro elegantemente que la pretensión soberanista no es un clamor general en Cataluña sino una exigencia de una parte relevante pero no mayoritaria de la sociedad catalana. Se ha hecho mucha demagogia -y esta afirmación ya es solo del abajo firmante- con el ambiguo "derecho a decidir", que todo el mundo desea, como es natural. Pero el derecho a decidir es el que se colmó con la Constitución democrática de 1978, cuya promulgación otorgó a los españoles, catalanes o de cualquier otra parte, el derecho de autodeterminación personal, es decir, el conjunto de libertades que liberan a los ciudadanos de cualquier forma de dominación.

Costas lleva a su artículo una de las encuestas recientes que se han publicado -hay varias que podrían citarse, incluso las que realiza la propia Generalitat mediante sus organismos de análisis sociológico, que han realizado un trabajo impecable-, en concreto la de Metroscopia del pasado 25 de mayo titulada "¿Qué piensan los catalanes del Procés?", de la que se desprende que una mayoría abrumadora de ciudadanos del Principado prefiere la negociación a la ruptura. En la disyuntiva, el 31% opta por continuar el forcejeo como hasta ahora y el 60% prefiere adoptar la estrategia del País Vasco (como es sabido, el PNV acaba de conseguir grandes concesiones al negociar el presupuesto del Estado con el Gobierno). Con la particularidad de que la cuarta parte de quienes votan a ERC y un tercio de los electores de PDeCAT optan también por la vía vasca, pacífica e inscrita en los cauces constitucionales. De donde se desprende que la vía del "arreglo negociado", que requiere ante todo una predisposición favorable a los sistemas de resolución de conflictos que utilizan los países democráticos, conseguiría un respaldo importante, superior en cualquier caso al que obtiene la secesión a las bravas, que además será prácticamente imposible de conseguir.

El PSOE, repuesto de sus achaques, mantiene su propuesta de reforma constitucional federalizante que resuelva el encaje de Cataluña y que ordene y estabilice el Estado de las Autonomías, mediante la reconstrucción íntegra del atípico Título VIII CE. Puede ser un camino para salir del atolladero.

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