No hay mal que por bien no venga, según reconoció Franco tras la voladura de Carrero Blanco y esperemos que esto no caiga en manos de la Audiencia Nacional. El vitalismo optimista celebra que el decapitado fiscal Anticorrupción disponga a partir de ahora de más tiempo para dedicarse a sus negocios societarios, sin duda desatendidos hasta ahora por su concentración exclusiva en la corrupción.
La teoría de la conspiración fuerte establece que el Gobierno ha utilizado, si no provocado, el estallido de la sociedad panameña del fiscal jefe Anticorrupción para camuflar la conversión de Mariano Rajoy en el primer presidente de Gobierno de la democracia que debe declarar como testigo en un juicio sobre la corrupción de su partido. Se trata de una construcción delirante, que solo debe contemplarse a efectos literarios.
La más matizada teoría de la conspiración débil reseña que a cualquier Gobierno le convendría nombrar a una fiscal anticorrupción lastrado por un pecado original en Panamá. La explosión o explotación controlada de esta circunstancia garantiza la docilidad del acusador público, aporta un resorte para mantenerlo esclavizado. Otra hipótesis novelesca, pero la corrupción desbordó hace tiempo las fronteras de la sátira sudafricana más descacharrante de Tom Sharpe.
Más allá de teorías, el Gobierno colocó al frente de Anticorrupción a un socio de una entidad en un paraíso corrupto. A continuación, intentó evitar su marcha y lo rodeó de una aureola ética. Ni la proverbial tendencia del PP al exceso en la protección de comportamientos reprobables permite olvidar que legal no equivale a ejemplar, por mucho que los escándalos populares hayan convertido el cumplimiento de la ley en una excepción.
No se precisa incurrir en fariseísmo para denunciar la grotesca coincidencia entre Anticorrupción y Panamá. Si esta conjunción entronca con la normalidad, Moix y Rajoy debieron ser los primeros en propagar que el fiscal disponía de su inmaculada sociedad en el paraíso, sin aguardar a la revelación periodística. No se puede ocultar un hecho a la prensa y a los mecanismos de control, para refugiarse simultáneamente en su irrelevancia cuando alguien airea la trapacería.
Con o sin deliberación, la sociedad inmobiliaria en Panamá situaba al fiscal jefe Anticorrupción a merced del Gobierno. El ejecutivo necesitaba con urgencia la parcialidad de este departamento, según demuestra su infortunio a la hora de doblegar a dos de los integrantes del tribunal de la Gürtel. En esta batalla, Rajoy se ha quedado sin plasma. Dos magistrados que no ganan nada con el envite se han mostrado menos complacientes con la desidia presidencial que los periodistas madrileños, ávidos por contemplar a su amado líder aunque sea a través de una pantalla. En descargo de los informadores, a un observador neutro le costaría encontrar la mínima diferencia entre las prestaciones de Rajoy en directo, a distancia, por escrito o dormido.
El Gobierno exteriorizó la intranquilidad ante el debut de su presidente en un proceso por corrupción. El gabinete mostró su asombro ante la citación para explicar la trama creada por el PP, y repitió la estupefacción al enterarse de que la comparecencia sería en vivo, bajo la pretensión bizarra de que todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Rajoy ha perdido el juicio. No solo le han obligado a personarse ante la Audiencia Nacional, sino que los jueces han ridiculizado su argumentación.
Por fortuna, Rajoy ha contrarrestado el doble revés a su fiscalía Anticorrupción y a sus pretensiones de declarar mediante plasma, efectuando un análisis orteguiano de la situación. Identifica los coletazos de la corrupción con "chismes", por comparación con la magna tarea en que se halla embarcado. Por lo visto, su triunfal dejadez se extiende a los servicios jurídicos a su disposición en La Moncloa. Un presidente del Gobierno que no se pierde un partido de fútbol, se preocupaba en su alegación por el "despliegue de importantes recursos públicos" que supondría su desplazamiento a un juicio que se celebra a una docena de kilómetros de su palacio.
El tribunal de la Gürtel desbarató tan pedestre argucia desmenuzando el desplazamiento. Y para justificar la presencia de Rajoy ante los jueces, citó además una sentencia de Manuel Marchena, presidente de la sala de lo Penal del Supremo con impecables credenciales conservadoras. De nuevo, la lucha contra la corrupción depende de compromisos individuales que nadie va a agradecer.
