Esta semana, precisamente el 17 de mayo, coincidiendo con la celebración del día internacional contra la homofobia y la transfobia, hemos conmemorado el primer aniversario de la aprobación por parte del Parlament balear de la ley 8/2016 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia. Su aprobación representó un hito histórico para nuestra comunidad autónoma, no solo por lo que suponía para dignificar un colectivo históricamente discriminado y estigmatizado, sino porque por primera vez se reconocían los derechos de personas a las que aún hoy se las discrimina por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, tanto de manera individual como colectiva.
No se puede obviar que muchas personas LGTBI padecen situaciones de incomprensión, hostilidad, rechazo y violencia por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género no normativas. Estas situaciones, además, desde una u otra parte, se producen entre un sector más joven de la población, hecho que nos obliga a prestar aún más atención. Si nos atenemos a los datos del último Informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios por orientación sexual e identidad de género en España, que ha elaborado la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales durante el año 2015, el grupo que más ha padecido estas agresiones tiene entre los 18 y los 35 años. Y por la otra parte nos encontramos que un 16% de las personas agresoras era menor de 18 años.
Este primer aniversario de la ley LGTBI es por tanto un momento para la celebración, pero también para el balance y la proyección. Si bien es cierto que las leyes, aunque sean instrumentos imprescindibles para el reconocimiento legal del hecho de la diversidad sexual y de la diversidad de género, no son suficientes por sí solas, también lo es que la actuación de los poderes públicos es la que debe garantizar la igualdad de trato real y efectiva y la no discriminación de las personas LGTBI. Esta actuación la ha asumido el Govern balear a través de la direcció general de Coordinació de la conselleria de Presidència, para que la aplicación de esta ley LGTBI sea plenamente transversal e integral, junto con todas las administraciones, entidades y agentes sociales implicados.
Cuando aún no se ha cumplido un año de aplicación efectiva de la ley LGTBI, y a pesar de que la misma norma estableció que presupuestariamente no sería de aplicación hasta este ejercicio, la tarea que desde el Govern balear se había venido realizando desde el inicio de esta legislatura a favor del colectivo LGTBI ha permitido traducir ya en resultados positivos algunas de las medidas de actuación en los ámbitos públicos. De entre todas ellas querría destacar dos, porque se trata de ámbitos especialmente sensibles para las personas LGTBI, como son la educación y la sanidad.
La activación del Protocolo de detección, comunicación y actuaciones entre el alumnado de Balears ha permitido realizar ya quince asesorías específicas en los centros educativos para el alumnado trans y sus familias. De esta manera se ha conseguido ofrecer pautas que faciliten una respuesta educativa adecuada entre todos los actores implicados. En el ámbito de la educación, al mismo tiempo se aplican otras actuaciones centradas en la formación y asesoramiento del profesorado en situaciones de acoso escolar, y también en la formación de agentes de coeducación en los centros.
En sanidad, la puesta en marcha de la comisión sobre la transición de género de las personas trans ha supuesto comenzar a eliminar los obstáculos que impiden acceder a sus derechos a las personas transexuales e intersexuales. Gracias a esto trece personas de nuestra comunidad autónoma ya han podido cambiar el nombre de su tarjeta sanitaria, mientras que hasta finales del pasado mes de abril, otras cuarenta lo habían solicitado al IB-Salut.
Son solo dos ejemplos de resultados tangibles, y desde el Govern balear somos plenamente conscientes que todavía queda mucho recorrido por hacer en la aplicación de la ley LGTBI, especialmente en cuatro líneas prioritarias: la difusión de sus derechos entre el propio colectivo, la formación de los profesionales de la Administración implicados, la sensibilización de la ciudadanía respecto de la diversidad sexual y de género, y la atención integral de les personas LGTBI. En las cuatro líneas ya se ha empezado a avanzar con acciones concretas. Y para que todo esto confluya en un despliegue transversal e integral de la ley LGTBI, el Govern balear trabaja sobre un plan estratégico hasta el año 2019. Es el documento que se podrá exponer este mismo lunes en el acto de constitución del Consell LGTBI de Balears, otro hito conseguido con la ley que cumple un año y que permitirá la participación y la colaboración entre todas las administraciones, instituciones, entidades y agentes implicados, a los que quiero agradecer su ayuda indispensable, especialmente a las entidades LGTBI Ben Amics, Chrysallis y La Llave del Armario, y a Metges del Món.
* Consellera de Presidència del Govern balear
