En los últimos meses se ha dicho que el alquiler vacacional es responsable de la subida del precio de la vivienda, de reducir la cantidad de vivienda disponible para los residentes, de ser un negocio puramente especulativo y de saturar las islas con turistas. Responsables políticos de todo signo, periodistas, grupos de presión, hoteleros y ecologistas hacen causa común en su contra. En medio de toda esta algarabía el Govern acaba de aprobar un cambio en la normativa para restringir dicha actividad, o prohibirla directamente, cuando lo que realmente es necesario es una regulación que dé seguridad jurídica a los propietarios, aflore la economía sumergida, -evitando así el fraude fiscal- y corrija las consecuencias no deseadas "atribuidas" a esta nueva modalidad vacacional.

Veamos por qué el Govern actúa de esta manera. El mito dice que el alquiler vacacional estaría reduciendo la cantidad de vivienda disponible para los residentes. El análisis de los datos del portal Airbnb que hemos realizado (véase el estudio completo en nuestra página web) muestra que la mitad de las viviendas que se han alquilado en el portal a lo largo de la temporada turística de mayo a septiembre de 2016 lo hacen por menos de dos meses (muy pocas de éstas obtiene ingresos fuera de temporada) y sólo hay un 10% de viviendas que se alquile por más de 87 días. Es decir, la inmensa mayoría de las viviendas que logran alquilarse lo hacen sólo durante ciertos períodos del año. En agosto, el mes con la demanda más alta, encontramos que sólo 48% de la oferta en Airbnb en Mallorca está ocupada. La ocupación en un día típico en agosto en Eivissa es 50%, en Menorca 31% y en Formentera 46%.

Tampoco es cierto que la alta rentabilidad del alquiler vacacional esté reduciendo la oferta de vivienda en alquiler de largo plazo. Los datos analizados vuelven a decir lo contrario. Las ganancias de la vivienda típica obtenidas durante la temporada equivalen a un ingreso mensual anualizado de 395 euros en Mallorca, 851 euros en Eivissa, 179 euros en Menorca, 651 euros en Formentera y 538 euros en Palma. Estos ingresos son muy inferiores a los que podrían obtener estos propietarios en el mercado de alquiler de larga temporada, dados los precios actuales. Si no lo hacen es porque no pueden, ya que las viviendas que alquilan vacacionalmente son sus primeras o segundas residencias. Es decir, toda esta evidencia apunta a que el mercado de alquiler está segmentado, por una parte, estarían los propietarios que alquilan las viviendas en las que habitan (primeras o segundas residencias) por días, semanas o meses y, por otra parte, las viviendas que se alquilan por larga temporada. Prohibir o restringir el alquiler vacacional no logrará aumentar la disponibilidad de vivienda para los residentes.

Lejos de tratarse de meros especuladores, como dicen los detractores de Airbnb, lo cierto es que esta modalidad de alquiler vacacional reparte los ingresos del turismo más que la industria turística tradicional, ya que cerca del 75% de los anunciantes alquilan una única propiedad y el 87% alquila una o dos propiedades.

También se acusa al alquiler vacacional de producir saturación. Nuestro estudio muestra que el día de mayor afluencia de población en las Balears de la pasada temporada, Airbnb aportó un mero 2,1% del total. Es más, por cada plaza turística ofertada en Airbnb se ofertan más de cinco plazas hoteleras, habiendo municipios en los que llegan a 52, como en Sant Llorenç des Cardassar y Alaior. De hecho, la oferta en Airbnb reduce la concentración geográfica de las plazas de alojamiento en Balears. Si de verdad cree el Govern que hay que limitar la afluencia de turistas a Balears auméntense el impuesto de pernoctaciones turísticas, que es el instrumento más simple y efectivo, y hágase pagar a todos los turistas, independientemente de dónde se alojen éstos.

El Govern ha elaborado un proyecto de ley basándose en un diagnóstico incorrecto del problema, por tanto, la solución propuesta también es incorrecta. Prohibir y restringir el alquiler vacacional no mejorará el acceso a la vivienda de los residentes, ni solucionará el problema de la saturación turística.

Ordenar el sector exige neutralidad ante los diferentes modos de negocio turístico sin favorecer a los modelos de negocio ya establecidos y permitiendo que nuevas empresas y nuevas tecnologías puedan disfrutar de las mismas oportunidades que los agentes que ya están establecidos en el mercado. Una sociedad que regula restrictivamente la entrada de nuevas empresas y tecnologías está condenada a empobrecerse a largo plazo.