En mis tiempos, tanto el suicidio como la asistencia al suicido eran delito. De modo que, decíamos, si uno se tiraba del puente de Segovia y se mataba, iba al infierno y si sobrevivía, iba a la cárcel. En todo caso, el que ayudaba, primero iba a la cárcel y después, al infierno. Mejor suicidarse.
El Estado y, por supuesto, la Iglesia reclamaban la exclusiva de decidir cuál era el destino de un ser humano sin tener nunca en cuenta los deseos de ese ser humano. Hoy en día la rebeldía de la ética social ha ido alterando los datos hasta ahora inamovibles del problema. Y no es cuestión de tirarse del puente de Segovia; es cuestión de reclamar un derecho que debería ser sagrado: el derecho a poner punto final a nuestra vida.
Hay una extraña perversión en este asunto. ¿Quién y por qué razón ha reconocido al Estado la prerrogativa de controlar nuestra voluntad de morir o de seguir viviendo? En este sentido, el Estado ejerce de garante de un compromiso adquirido con sus súbditos: mantenerlos indefinidamente en vida, incluso cuando estos no quieren. No tiene tales escrúpulos con los borrachos y con los fumadores.
Los agentes de la sociedad que se aseguran del cumplimiento de esa garantía son los médicos. Han prestado un juramento por el que se han comprometido a mantener con vida a la gente, caiga quien caiga. Su obligación es salvar vidas, no acabar con ellas, aseguran. ¿Incluso cuando esa vida no tiene salvación posible? ¿Incluso cuando el que padece no quiere seguir padeciendo? ¿Incluso cuando lo único que funciona es el corazón que sigue alimentando unos órganos que han dejado de funcionar? ¿Incluso cuando se mantiene a un moribundo en vida con la falaz excusa de que podría descubrirse un remedio en el minuto siguiente?
La eutanasia como muerte piadosa lleva instalada en la moral de la sociedad desde hace tiempo y, poco a poco, ha ido venciendo la resistencia de quienes la equiparan al asesinato.
Me parece que la presión en pro del reconocimiento de la eutanasia empezó por el rechazo al encarnizamiento terapéutico, es decir, a la violencia ejercida sobre un paciente que se muere sin remedio y al que se hace sufrir durísimamente solo por culpa del juramento de Hipócrates, como consecuencia del cual, se lo llena de tubos y de vías de acceso a las venas, de medicinas que a lo mejor arreglan algo y destruyen lo demás. Hay enfermos que padecen una progresiva destrucción de todo su cuerpo, menos del cerebro, que ve, impotente, cómo se acerca irremisiblemente un final que preferirían mil veces adelantar. Pues las leyes, al menos en España, lo prohíben.
Las sociedades más adelantadas llevan décadas con el problema de la eutanasia resuelto. No ha sido fácil porque todos se mordían las uñas con angustia sin saber bien qué curso de la naturaleza estaban violentando. Y resultó que ninguno. Primero, la sociedad se convenció de que era razonable y humano simplemente "desenchufar" al moribundo de todos los aparatos que lo mantenían en vida sin objeto. Es la eutanasia pasiva que ya nadie discute y para la que se ha ideado el testamento vital manifestando la voluntad del que se ha de morir si le llega el turno.
Después apareció la sedación, lo que llamamos cuidados paliativos que, a falta de la eutanasia activa propiamente dicha, permiten suavizar el tránsito a los enfermos terminales, eso que, como afirma Jorge M. Reverte en El País del pasado viernes, fue calificado de asesinato por unos cuantos irresponsables. Hoy está totalmente aceptada por la sociedad española que reconoce el derecho de la persona a la muerte digna, justamente lo que se propone legislar el Congreso según ha aprobado unánimemente esta semana por una iniciativa de Ciudadanos.
Y finalmente, la eutanasia. Hoy, cualquier enfermo para el que el mal es incurable, el dolor, insufrible o la vida, insoportable, puede, si tiene el dinero suficiente, marcharse a Suiza o a Holanda o a Bélgica y escoger libremente la fecha y la hora de su muerte. Castilla no es ancha: para que se dé el supuesto de eutanasia, será preciso convencer a un panel de médicos con el concurso de los familiares de que tal es la voluntad del que quiere morir y de que sus razones son sólidas: las garantías son estrictas, la compasión, absoluta.
El Congreso ha decidido enfrentarse al problema, es cierto, y debe ser felicitado por ello. Pero se ha quedado corto. ¿Qué clase de escrúpulos le impiden tratar el tema en su conjunto, es decir, abordar con seriedad la cuestión de la eutanasia en todas sus vertientes?
