Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Antonio Papell

La regulación de los 'lobbies'

El concepto del lobby, del grupo de presión y/o de influencia, no es simpático porque, como resulta evidente, representa intereses particulares o de sector, que se confrontan de un modo u otro con el interés general. Sin embargo, ese interés general debe ser inclusivo y ha de comprender la resolución de aquellos conflictos concretos cuya solución ofrezca un saldo positivo o vaya en la dirección de los valores predominantes de la sociedad. Además, es legítimo (e inevitable) que quien tenga un interés o un negocio que dependa de decisiones públicas, trate de influir sobre los legisladores o los miembros del poder ejecutivo para intentar persuadirlos de modo que prosperen sus pretensiones. Y si las cosas son así, si es natural que los distintos actores sociales intenten llegar a los representantes políticos, lo lógico es hacer todo lo posible para que estas relaciones sean absolutamente transparentes y se sometan al principio de legalidad.

Hasta el momento, y aunque el asunto ha circulado por diferentes circuitos, la única iniciativa que ha prosperado ha sido la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que hace un año creó un registro de lobbies, público y voluntario, en el que se han inscrito unas 350 asociaciones empresariales y profesionales, así como grandes empresas.

También pretende conseguir transparencia, al menos en teoría, la propuesta legislativa del Partido Popular para la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que incluye la regulación de los grupos de interés; con ella, se pretende crear un registro público "de carácter obligatorio" en el que deberán inscribirse los grupos de interés y los parlamentarios con los que se reúnen; asimismo, unos y otros deberán depositar una copia de toda la documentación que se intercambien; y tal relación se ajustará a un código de conducta al que deberán someterse los lobistas y que será supervisado por la presidencia del Congreso. La iniciativa, recibida con ironía por las minorías, que aplaudieron el súbito "impulso regenerador" de PP, acabó encontrando respaldo general, salvo la abstención de Podemos. Una vez admitida a trámite y convertida en proposición de ley, será ahora debatida y enmendada en la comisión del reglamento de la Cámara; finalmente, se convertirá en ley mediante simple votación del Congreso, sin tener que pasar por el Senado.

Es indudablemente un avance el hecho de que las formaciones políticas se hayan puesto de acuerdo en un mecanismo de transparencia que moderniza el aparato parlamentario; no existe sin embargo consenso sobre la utilidad del sistema, y así por ejemplo la experta Gloria Elizo, abogada de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, piensa que el registro de lobbies que se planea es un mal remedo del de Bruselas, que será próximamente reformado porque ha demostrado su inutilidad. De cualquier modo, es deseable que este asunto eche a andar, aunque sea para modificarlo y rectificarlo más adelante.

La crítica más intensa y fundada aplicable al caso es referente a su alcance, que se limita al Congreso (ni siquiera al Senado) y no alcanza al poder Ejecutivo, cuyas relaciones con los actores sociales y económicos son al cabo trascendentales. No tiene demasiado sentido controlar estrechamente la acción de los parlamentarios si la agenda de los ministros y los secretarios de Estado sigue sin ser pública. Y quizá sea necesario que los grupos de interés expliquen en cada una de sus actuaciones por cuenta de quién actúan y el origen de su financiacón.

Hace semanas, fue admitida a trámite una propuesta de ley integral de lucha contra la corrupción presentada por Ciudadanos y que sí contempla la creación de un registro general de grupos de interés. Quizá haya que esperar a esta ley para que el asunto encuente su encaje definivo.

Compartir el artículo

stats