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Jose Jaume

Desde el siglo XX

José Jaume

En la senda del autoritarismo

La reiterada actuación de la Fiscalía y algunos jueces al encausar a los autores de lo que denominan delitos de odio en las redes sociales nos retrotrae a los oscuros tiempos del ominoso Tribunal de Orden Público

Hacer públicos en las redes sociales comentarios jocosos sobre la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, acaecida el 20 de diciembre de 1973, conlleva que la Fiscalía pida un año de prisión por un delito de odio. Esa es la tesitura en la que se ve involucrada una mujer (que sea transexual carece de relevancia, aunque haya incomodado al fiscal que la acusaba, el pobre) al permitirse ironizar sobre el asesinato de quien presidía un gobierno ilegítimo, el de una dictadura, aunque la tan loada Transición se asentara en el principio "de la ley a la ley", con el que se pretendió dejar establecida la legalidad de un régimen surgido de un golpe de Estado.

Vayamos a lo que ahora nos atañe: lo que está haciendo la Fiscalía, que actúa siguiendo las directrices del Gobierno, al que rinde obediencia, y los jueces que optan por acompañarla, es un nítido intento de amedrentamiento; se quiere cohibir el derecho a la libertad de expresión, utilizando para ello el falaz argumento de que no pueden aceptarse los comentarios que incitan al odio, que proliferan en la red. El absurdo llega cuando lo ocurrido 44 años atrás, en los tiempos de la dictadura del general Franco, es susceptible de considerarse delito de odio. Carrero Blanco fue víctima de ETA. Lo asesinaron. ¿Cuántos asesinatos hay en el haber del franquismo, muchos de ellos avalados por el almirante que desde siempre estuvo a la vera del dictador? ¿Hasta dónde hay que retrotraerse en la historia para no incurrir en un delito de odio si se ironiza sobre algunos de los asesinatos políticos que transitan por ella? Tal vez para la Fiscalía lo sea opinar que el general Prim, presidente del Consejo de Ministros, asesinado en Madrid en 1870, crimen se dice que instigado por Antonio María de Orleans, el padre de la reina Mercedes, primera mujer de Alfonso XII, murió porque se lo había buscado al oponerse a que siguieran reinando los Borbones. Puede que para la Fiscalía sea delito ironizar sobre la sorprendente muerte de Felipe el Hermoso, especulando con que lo envenenara el cardenal Cisneros, por orden de Fernando el Católico, o que igualmente sea reo de sentarse en el banquillo quien se solaza con el ajuste de cuentas de Bellido Dolfos, el noble leonés que allá por el siglo XI despachó al rey Sancho II.

El despropósito está siendo descomunal, pero obedece a una estrategia perfectamente definida: la mencionada del amedrentamiento. Se trata de asustar, establecer la autocensura, impedir que en las redes sociales, en las que nadie duda de que se perpetran burradas sin cuento, fluyan libremente las opiniones y las ideas, porque no pueden ser controladas. Las redes sociales han puesto a los gobiernos ante su impotencia para decidir lo que debe o no debe ser conocido. El de Rajoy lleva en su matriz la pulsión autoritaria. Cuando ha dispuesto de la mayoría parlamentaria no ha dudado en aprobar un engendro antidemocrático como es la ley mordaza. A través de la Fiscalía cercena la libertad de expresión.

Con la autora de los tuits sobre Carrero Blanco se le ha ido definitivamente la mano. Acabaremos por ver que considerar al general Franco un dictador y desear que fuera apartado violentamente del poder absoluto que detentó, será estimado delito de odio. Menuda regresión de la libertad la que soportamos.

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