La reforma sanitaria de Obama de 2010, que en realidad es la llamada "ley de protección al paciente y cuidado de la salud asequible", PPACA por sus siglas en inglés, conocida popularmente como Obamacare, consiste básicamente en obligar a todos los adultos a disponer de un sistema de protección de la salud y en subvencionar a quienes no dispongan de rentas suficientes para pagárselo. Además, la ley constriñe a las aseguradoras, que no podrán discriminar a las personas por edad, sexo o estado de salud. Con la ley, unos treinta milllones de norteamericanos desprotegidos se hubieran dotar adecuadamente de un sistema de previsión sanitaria. La norma no consolidaría un sistema de salud a la europea, pero sí generalizaría uno de los servicios públicos básicos del estado de bienestar y pondría fin a situaciones excepcionales de necesidad y desatención que son impropias de un país tan desarrollado y democrático como es Estados Unidos.
Pues bien: como ya anunció durante la campaña, Trump, que propone de momento un recorte del 16,2% en el presupuesto de Salud, ha decidido abolir el Obamacare y sustituirlo por una propuesta contenida en dos proyectos de ley que, básicamente, pretenden generar un sistema de créditos fiscales para ayudar a la gente a comprar seguros médicos, y que eximirán a las empresas de tener que ofrecer una alternativa de cobertura a sus empleados. Como se puede imaginar, se ha abierto un intenso debate, en el que ha irrumpido la prestigiosa Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO opor sus siglas en inglés), con un dictamen demoledor: el nuevo plan de salud impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes de EE UU haría que hasta catorce millones de estadounidenses perdieran su cobertura médica para 2018 y 24 millones para 2026.
En Europa, y hasta hace poco también en los Estados Unidos, la relevante nivelación ideológica producida por la maduración política tras la segunda guerra mundial hacía inimaginables los vaivenes vinculados a la alternancia política como el que se anuncia en los Estados Unidos. En España, que tan tarde llegó a este privilegiado club, las alternancias han sido blandas, y, salvo en educación (donde hemos cometido continuas sinrazones), han dado lugar reformas suaves, no a rupturas súbitas. Tampoco ahora, cuando el PP, que gobernó con mano dura gracias a su mayoría absoluta en la pasada legislatura, ha quedado en minoría, se apuntan ciertas reformas que moderarán ciertos excesos pero no es imaginable una reversión integral de lo ya legislado. Incluso la actual situación facilitará, parece, el logro de consensos -el educativo entre ellos- que no pudieron lograrse cuando el bipartidismo imperaba.
El fenómeno norteamericano, los vaivenes brutales que se han producido ya en innumerables materias y los que se apuntan de cara al futuro, confirman la idea de que el viejo modelo dual vertebrado en torno a republicanos y demócratas, conservadores y progresistas, y basado en valores y creencias comunes, ha saltado por los aires. Trump ganó las primarias republicanas contra la voluntad de una inmensa mayoría de sus teóricos conmilitones, que se han visto obligados a secundar sus excentricidades para no perder su posición, pero que ven al multimilonario como un excéntrico que se aparta de su pensamiento político y de su tradición histórica. Trump es un populista que improvisa, que presta oídos a peligrosos demagogos que le aportan una visión sesgada de la realidad, y que antes o después chocará con el sólido sistema socioeconómico e ideológico de su popio país, que no tolerará esta deriva sin inmutarse. La destrucción del Obamacare puede ser el punto de partida de una deriva hacia la marginalidad que podría terminar dramáticamente. Los regímenes maduros como el norteamericano tienen recursos para liberarse de las excrecencias peligrosas, y Trump, ya enemistado con demasiada gente, podría empezar a sentir dentro de poco la presión airada de una ciudadanía que también marca límites a la demagogia.
