Desde el 30 de octubre de 2016, han transcurrido casi cinco meses, Mariano Rajoy es presidente del Gobierno de España, aunque sea en minoría, gracias al voto positivo de Ciudadanos y la abstención en segunda ronda de los socialistas. De momento, su iniciativa política es de baja intensidad para hacer frente a desajustes sistémicos tales como los que denunció incluso el secretario general de la OCDE (organismo fuera de toda sospecha) hace escasos días en Madrid y en presencia de Luis de Guindos: después de alabar nuestra recuperación económica, dijo literalmente "la crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad, que han aumentado por la falta de empleo de calidad que proporcione unos ingresos adecuados". De momento, todo sigue igual. "Vísteme despacio, que tengo prisa". La inanición vigente, la paz de los cementerios, no implica necesariamente la estabilidad política y la gobernabilidad necesarias para afrontar los necesarios y urgentes retos y reformas de índole política, económica y social. La posible explicación de tal atonía hay que buscarla en primer lugar en el propio partido gobernante, el PP, mal acostumbrado a las mayorías absolutas, y también en un cierto comportamiento confuso y difuso de la oposición.
A los populares, y en concreto a su líder Mariano, les cuesta Dios y ayuda aceptar que la mayoría absoluta donde su palabra era ley es historia pasada. Ahora, en minoría, deben garantizar la gobernabilidad llegando a acuerdos/pactos con diversas fuerzas políticas. Firmaron un pacto con Ciudadanos, 150 puntos, a cambio de su voto positivo a la investidura de Rajoy. De momento, Rivera y los suyos parecen sufrir un ataque de cuernos ante el pasotismo del PP a las medidas pactadas y rubricadas. Rajoy prefiere elegir como muleta al PSOE porque su número de parlamentarios (a pesar de sus relevantes pérdidas) sigue siendo necesario para tal o cual iniciativa. De momento, la actividad parlamentaria luce por su absoluta atonía.
Cualquier iniciativa de la oposición tiende a sestear el sueño de los justos, si antes no es anulada porque supone un gasto adicional, puesto que se "gobierna" con los presupuestos prorrogados del año pasado. Rajoy domina perfectamente los tiempos, hasta ahora le ha salido rentable dejar pudrir los problemas. Balones al graderío si se trata de reformas relevantes. La reforma laboral, la LOMCE, el presente y futuro de las pensiones, una reforma fiscal, un nuevo sistema de financiación de las autonomías, un nuevo modelo territorial (que implica una reforma constitucional) que posibilite un dialogo político con el mal denominado problema catalán más allá del diálogo de besugos a través de los tribunales. A esta realidad hay que añadir la inexistencia de una oposición real. A los socialistas no se les espera hasta que hayan resuelto sus propias cuitas internas. De momento, trasmiten una imagen neutra que por "razones de Estado" (?) apoya a Rajoy o cuanto menos no se le opone con fuerza e iniciativa. Los podemitas todavía tienen que digerir su propia crisis interna que se saldó con la victoria de Pablo Iglesias. De momento, les cuesta buscar y encontrar su espacio parlamentario. Siguen con sus tics; ahora han pasado de la casta a la trama.
De momento, no tenemos ni tan siquiera un borrador de los presupuestos 2017. Se supone que la Administración del Estado funciona con la prórroga de las cuentas de 2016, pero esa prórroga tiene dos problemas: primero, impide adecuar la acción del Estado a las nuevas circunstancias económicas y a los compromisos con la Comisión Europea; y segundo, no es posible estirarla por los siglos de los siglos, es decir, otra vez en 2018. Incluso las anomalías españolas tienen un límite, y más aún cuando la UE nos exige incluir (léase recortar) 5.400 millones de euros en reformas estructurales. Cuando se llega ahí, la única solución es convocar nuevas elecciones, algo para lo que estará capacitado legalmente Mariano Rajoy a partir de mayo próximo. ¿Lo hará? De momento, corteja al PNV, a los canarios, y lógicamente (?) cuenta con C´s. El PP sabe que no puede contar con el voto del PSOE a los presupuestos presentados por Rajoy, a no ser que los socialistas opten por el suicidio; pero a su vez sabe que si las convoca podría coger especialmente al PSOE en fuera de juego, sin líder ni candidato consolidado.
Rajoy puede seguir (¿hasta 2018?) culpando a la oposición de "radicales" (ya lo está haciendo) por no colaborar en la gobernabilidad de España. Es una maniobra difícil, que depende de muchos imponderables, entre ellos la identidad del nuevo/a dirigente socialista y del resultado del congreso de junio. El "radical" Sánchez es una amenaza en boca de populares y de socialistas, cuya eventual elección como secretario general podría llevar al PP a la rápida convocatoria de unas nuevas elecciones, aprovechando la fisura en el PSOE. La victoria de otro candidato atrasaría el proceso, pero no lo esquivaría, porque ¿qué secretario general socialista va a atreverse a no presentar una enmienda a la totalidad (un presupuesto alternativo) de un presupuesto popular? A lo máximo podría obtener, según cual sea el nuevo/a secretario/a general, cierto do tu des (yo te doy, tú me das), un intercambio de mociones/reformas
Hasta el día de hoy la estabilidad política, la gobernabilidad y la gobernanza forman parte de un simple juego de palabras. De seguir así, los grandes retos políticos, económicos y sociales siguen y seguirán vivos y coleando. ¿Quién o quiénes, cuándo y cómo pondrán el cascabel al gato?
