La lamentable sentencia de una juez de Mallorca avalando el uso del velo islámico por una trabajadora de Acciona, invocando el derecho a la libertad religiosa, ha sido afortunadamente corregido por la más alta instancia judicial europea, el Tribunal de Luxemburgo, que, en un caso similar, ha fallado que las empresas pueden impedir el uso del velo islámico para salvaguardar la neutralidad religiosa. El veto al velo se hace extensivo a cualquier otro símbolo de una religión concreta. Es, en síntesis, un espaldarazo al irrenunciable principio de que el laicismo ha de imperar por encima de las concretas creencias de las personas en los espacios públicos.
La sentencia es importante, porque establece un imprescindible límite a lo que desde sectores confesionales, tanto cristianos como musulmanes, reiteradamente se intenta que cobre carta de naturaleza en Europa: el reconocimiento de que las religiones constituyen una parte sustancial de la panoplia legislativa de la Unión Europea (UE). No es así. No debe ser así en ningún caso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice taxativamente que nadie puede ser discriminado por sus creencias. En la UE los ciudadanos son libres de profesar la religión que consideran más conveniente. No ocurre lo mismo en otras partes del planeta, sobre todo en las de mayoría musulmana, donde las restricciones que padecen los cristianos son notorias; en algunos casos, como Arabia Saudí o Irán, flagrantes. En el planeta islámico no se concede a los cristianos los derechos que los musulmanes tienen en Europa. No existe reciprocidad. Mejor no olvidarlo.
Pero lo que no puede hacer Europa, porque de lo contrario dejará de ser lo que viene siendo desde la creación de la Comunidad Europea, levantada sobre el desastre de la Segunda Guerra Mundial, es abjurar del laicismo, que es la esencia que garantiza el libre ejercicio de cualquier religión, como, por cierto, oportunamente recordó el papa Francisco. Sin laicismo no hay libertad: se entra en un estado confesional, en el que ya sabemos por experiencia propia lo que sucede. Suponemos que no es estrictamente necesario recordar lo que supusieron para España las ominosas décadas del nacional catolicismo de la dictadura franquista.
Tampoco puede aceptarse que los musulmanes que han pasado a ser ciudadanos de la Unión Europea pretendan disponer de una condición especial que vaya más allá de la reconocida para el resto, la inmensa mayoría. No ha de ser admitido que los musulmanes pretendan un código de familia propio, unos valores ciudadanos diferentes a los de los demás. Al igual que los católicos, protestantes, practicantes de otras religiones, agnósticos y ateos, están obligados a aceptar los principios irrenunciables del laicismo, que, reiterémoslo, son el basamento que da sentido a Europa.
En tiempos del reaccionario papa polaco, el Vaticano intentó denodadamente que en el frontispicio de la legislación básica europea se incluyera una mención a sus raíces cristianas. El intento naufragó. La oposición de varios estados, entre ellos la definitiva de Francia, frustró la operación confesional que buscaba retornar a épocas muchos más oscuras, porque tras lo que algunos consideraban que no era nada más que un reconocimiento de carácter histórico, lo que anidaba era un camuflado retorno a la secular alianza entre el trono y el altar; intento imposible en la Europa laica y secularizada en la que nos desenvolvemos, aunque en España todavía la Iglesia católica disfrute de prebendas que chocan frontalmente con la Constitución, que el PP, principal valedor de los privilegios de la Iglesia, dice defender a capa y espada.
La contrariedad con la que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, tenido por moderado, ha acogido la sentencia del Tribunal de Luxemburgo es prueba de su positiva trascendencia.
