El país está en marcha, ni mejor ni peor que durante el año de provisionalidad con un gobierno en funciones, y el gobierno Rajoy, en franca minoría (sólo le apoyan incondicionalmente 137 diputados del PP), que obtuvo la investidura gracias a un pacto puntual con Ciudadanos y a la abstención patriótica de una parte de los diputados del PSOE, intenta aparentar solidez e iniciativa, si bien no ha conseguido apoyos suficientes para los presupuestos del ejercicio en curso, el pacto con Ciudadanos no parece muy firme y la situación política está en realidad a la espera de lo que vaya a ocurrir en el seno del PSOE, que en mayo elige a un nuevo secretario general, entre los partidarios de contemporizar con el PP conforme al modelo alemán de “gran coalición” y los amigos de las coaliciones de izquierdas. Susana Díaz ha decidido tirarse a la piscina con toda la fuerza del aparato, frente a un Pedro Sánchez que tiene a su favor toda la fuerza de las bases y a un Patxi López que intentará pescar a río revuelto. El desenlace no está ni mucho menos claro todavía pero las encuestas sugieren que Sánchez podría llevarse finalmente el gato al agua.
Como es conocido, PP y Ciudadanos suman 169 escaños (170 con el de CC), y ni siquiera con los 5 del PNV logran mayoría absoluta, que Rajoy podría buscar en el PSOE o —en determinadas circunstancias— en la antigua Convergència, la actual PDeCAT. La posibilidad de que se sume el diputado de Nueva Canarias, que se presentó con el PSOE, es remota. Lo que suceda en el PSOE marcará pues el equilibrio futuro.
Así las cosas, la gobernabilidad se ha convertido en un asunto de presente, o, como mucho, de corto plazo. Porque aunque el temperamento de Rajoy sea reacio a las mudanzas, en mayo el presidente del Gobierno dispondrá de nuevo de la facultad de disolver el parlamento y convocar elecciones (se cumplirá un año de la disolución anterior, el 3 de mayo de 2016, que dio lugar a las elecciones del 26J), y esta nueva situación obligará a los distintos actores a posicionarse con más rotundidad.
De momento, todo indica que el gobierno estaría dispuesto a funcionar en 2017 con los presupuestos prorrogados, siempre que hubiera expectativas razonables de conseguir unos presupuestos negociados para 2018, lo que facilitaría avanzar a lo largo de la legislatura casi hasta su término natural. Pero no será una tarea fácil. Por un lado, y como se ha dicho, el bloque informal sobre el que se apoya Rajoy necesitará más apoyos. Pero, además, PP y Ciudadanos deben clarificar su relación, toda vez que la formación gubernamental no parece muy dispuesta a respetar el pacto de investidura de 150 puntos que permitió a Rajoy acceder a la presidencia. La comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, el fin de los aforamientos y la limitación de mandatos son de momento los principales escollos, y ni Rivera parece dispuesto a ignorar tales condiciones ni Rajoy a cumplirlas puntualmente.
La economía real no presiona sobre la situación porque todo indica que las fuerzas del mercado son autónomas y dependen poco de la coyuntura política. Sin embargo, la estabilidad es precisa para resolver algunas urgencias postergadas por la provisionalidad. Por ejemplo, no podemos mantener la incertidumbre en el terreno de las pensiones porque el colectivo de los pasivos no soportará sin sublevarse seguir perdiendo poder adquisitivo. Y no es razonable que no se avance en el terreno del pacto educativo cuando sabemos que nuestra baja productividad se debe en gran medida a las deficiencias del modelo. Conviene que los partidos tomen posiciones y que la certeza vaya ocupando el lugar de las incertidumbres.
