Daniel Osácar era el tesorero de Convergència Democrática de Catalunya cuando Millet y Montull hacían de intermediarios en una todavía presunta (falta la condena en firme para que deje de serlo) red de cohecho y corrupción. Los constructores aportaban dinero fresco al Palau de la Música -tapadera filantrópica con delicados tintes de catalanismo político-, del que los responsables de la institución se quedaban con un buen pellizco, y a cambio los empresarios obtenían concesiones y contratos a precios ventajosos y al margen de los procedimientos ordinarios de contratación. Las empresas que no pasaban previamente por caja en el hermoso edificio modernista de la Vía Layetana se quedaban con un palmo de narices en los concursos de adjudicación.
Podría parecer que Osácar no era más que un mandado, un correveidile, un simple agente del gobierno de la Generalitat, pero no. Como puede comprobarse, sólo él se sienta en el banquillo de los acusados, y es de suponer que si en realidad hubiera actuado en nombre de otras personas con más poder e influencia, la Justicia, tan perspicaz y racional, hubiera actuado contra ellas y no contra el hombre de paja. De donde se desprende que Osácar era en realidad una especie de tesorero autista, que, por propia iniciativa, montó todo este gran tinglado para beneficiar secretamente a su partido. Y lo hizo con tanto celo e inteligencia, que nadie, desde el presidente de la Generalitat al último consejero, se dio cuenta de aquel brillante latrocinio de dinero público que hizo felices a los Millet y Montull y facilitó las cosas al siempre idealista nacionalismo catalán nacido a los pechos de la familia de Jordi Pujol.
