La teoría es clara: en una sociedad democrática, una prensa libre, formada por una constelación de medios que compiten entre sí en el mercado, es una garantía fundamental para la defensa de las libertades públicas. Churchill dejó escrito que la prensa libre es "aquella que vigila, siempre en vela, cada uno de los derechos que los hombres atesoran"; y los americanos han resumido esta definición diciendo que es el watchdog, el perro guardián, de la democracia. En todos los casos, resuena bajo estas interpretaciones aquel célebre aserto de uno de los padres de la nación americana, Jefferson, en sus años de embajador en París: "Puesto que nuestra nación está basada en la opinión pública, entre tener un Gobierno sin periódicos o unos periódicos sin Gobierno me quedo con esto último".
Esta condición de conciencia crítica, de perro guardián del proceso político, genera como es lógico una tensión entre la prensa y los poderes, públicos y privados, lo cual no es necesariamente negativo. Como dijo uno de los grandes directores electos de Le Monde, Claude Julien, en 1980, "las verdades del poder, poder del Estado, poder de los partidos de oposición, poder del dinero, poder de los que orientan y deciden, no pueden ser las verdades del periodista. El que quiera pensar y escribir como tal no tiene más solución que revelar lo que todo poder se esfuerza en ocultar".
No puede, pues, sorprender a nadie que haya saltado un agrio conflicto entre Podemos -una organización nueva que ha nacido a lomos de las nuevas tecnologías de la información- y los medios o, más concretamente, los periodistas. De hecho, la organización de Pablo Iglesias, ubicada más a la izquierda tras Vistalegre II y en franca alianza con los comunistas de Izquierda Unida, lleva en los genes la oposición a este planteamiento burgués del pluralismo moderado que se basa en sistema mediático complejo en que predominan la información y la opinión generadas por empresas de comunicación privadas. Cuando se habla de "democratizar el sistema mediático", probablemente se está pensando en algún modelo excéntrico y siniestro, o por lo menos no compatible con ese demoliberalismo parlamentario en que tan cómodos nos encontramos una mayoría (por ahora) de europeos. Además, el populismo siempre ha pretendido conectar los cuadros dirigentes con las bases sin intermediarios, por lo que es hasta cierto punto lógico que Podemos vea con recelo a los medios y se vuelque en las redes sociales, que son cualquier cosa menos medios de comunicación.
En esta situación, es evidente que el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid denunciando un trato intolerable a ciertos periodistas por parte de cuadros de Podemos es un mecanismo legítimo (y necesario) que contribuye al equilibrio del sistema. En buena ley democrática, Podemos, que está en su derecho de exigir que se publiquen las acusaciones, deberá pedir disculpas y cambiar radicalmente de actitud. Pero la ocasión es magnífica para un ejercicio insólito: examinar el estado del sistema mediático y sus relaciones con los distintos poderes.
Estamos en una fase de profunda y compleja transformación del sistema mediático en que los grandes soportes supervivientes de la etapa analógica concluyen exitosamente su adaptación a la nueva era y conservan gran parte de la influencia, y en que los medios nativos digitales comienzan a levantar cabeza y ya alcanzan también su cuota de prestigio. El audiovisual clásico, que pierde peso, trata de paliar con la concentración los efectos de un cambio que todavía no ha comenzado a digerir. Y el sistema informativo sufre la incomprensión de quienes no acaban de entender que la buena información es cara y que sin ella no hay verdadera libertad. En este marco, la pelea ente periodistas y políticos es más un síntoma de vitalidad que de decadencia, por lo que debe ser aprovechada para que unos otros, políticos y medios, reflexionen sobre su papel respectivo y entablen la saludable discusión permanente y creativa que caracteriza a nuestras sociedades.
