El juez Manuel Penalva ha escrito una excelente novela de gánsteres. El auto por el que envió a prisión al empresario Tolo Cursach y a su ejecutivo Tolo Sbert contiene todos los ingredientes del género negro: actividades ilícitas, posibles delitos graves como la venta de drogas en bares y discotecas, y gravísimos como el homicidio, policías malos y policías buenos castigados por sus jefes por no rendirse a la evidencia de la corrupción, políticos activamente implicados en favoritismos contrastados en materia de licencias y actividades, prácticas extorsivas contra la competencia con la complicidad de la administración. Que el fiscal Miguel Ángel Subirán y el propio magistrado tuviesen que solicitar licencia de armas en el transcurso de la investigación da idea del calibre que se gastan los implicados en esta trama sufragada generosamente por los vecinos de Palma y de Calvià. Como el imperio de ocio de Cursach no se levantó anteayer podemos deducir que hemos tenido una serie de alcaldes de todo signo y condición que, como mínimo, han basculado entre el temor a actuar y la complicidad directa. Puede que de noche todos los gatos sean pardos, pero de día también. La estafa a la ciudadanía no aparece en el Código Penal, aunque debería.
El auto de prisión cita expresamente a cuatro políticos que el magnate presumía de tener controlados : el antaño todopoderoso teniente de alcalde primero y delegado del Gobierno después José María Rodríguez, el exalcalde palmesano y diputado en Madrid Mateu Isern, el que fue primer edil de Calvià Carlos Delgado y el diputado autonómico Álvaro Gijón. Los tres primeros han sido arrinconados por su partido y se encuentran desaparecidos en combate, quizás esperando que amaine y el votante olvide que un día fueron del PP. El cuarto, de quien un testigo de la investigación relata que en su calidad de concejal actuó de conseguidor para que las paradas de taxi y autobús del Paseo Marítimo se ubicase frente a las discotecas de Cursach, merece a día de hoy la distinción de honorable. Efectivamente, los populares en su gran proceso de regeneración precongresual no consideran necesario apartarle hasta que sospechas tan gravísimas como las que le sobrevuelan sean aventadas o confirmadas. Aún no ha llegado el momento procesal de dar ejemplo. No se cuestiona la idoneidad de Gijón, cuyo nombre aparece recurrentemente en otros casos de corrupción que se indagan como la posible adjudicación fraudulenta de la ORA de la capital balear, o las facturas hinchadas y trabajos no realizados en los polideportivos municipales. Unas circunstancias personales las del conservador que no son dignas de tener en cuenta por quienes tanto escrutaron el currículum y el largo de los cabellos del presidente del Parlament, Balti Picornell, para considerarle capacitado para colocarse al frente de la Cámara. Muy por el contrario, la portavoz del PP Marga Prohens defendió a su compañero cuando, tras abandonar el martes el pleno los representantes de Podemos mientras hablaba Gijón, les llamó "aprendices de fiscalillos frustrados".
No sé si pretendía insultar a los morados o a los fiscales. El de este caso lleva "chalequillo" antibalas, y ha sido objeto de acoso grave por hacer su trabajo. Que no es tan simple y tan agradecido como el de la señora Prohens y su compañero Álvaro Gijón.
