Las marrullerías han arruinado los restos de credibilidad del independentismo catalán. El director de La Vanguardia, situado al frente de una verdadera institución mediática que tiene un peso decisivo sobre la opinión pública de aquella comunidad, escribía el pasado día 1 de marzo una gacetilla titulada “La desfachatez rampante”, en la que afirmaba que “desfachatez es ahora […] escuchar a Fèlix Millet después de esquilmar el Palau de la Música (y confesarlo) quejarse de la lentitud de la justicia. O incluso ver cómo los mismos que aseguran que la democracia española está enferma intentan coartar el debate en el Parlament de la ley de desconexión, acogiéndose a un irregular procedimiento de urgencia”.
Pues bien: con la vista oral del caso Palau de la Música ha empezado la “diversión”, en palabras de Millet y de Montull, que sirve para describir el expolio de un sector muy concreto de la Cataluña real a manos de un sector intensamente nacionalista que reía las gracias a la familia Pujol mientras contribuía a engrosar las cuentas del inefable “tres por ciento” en una etapa en que el propio Pujol, hasta 2003, y Mas, a partir de esta fecha, estuvieron al frente del partido. Y como presagiaba Màrius Carol, las formaciones de Junts pel Si y las CUP ha consumado la tropelía: la ley de desconexión, mantenida cuidadosamente en secreto, ya puede ser tramitada y aprobada en un par de horas por la cámara catalana, sin abrir trámite de enmiendas, sin debate alguno, sin escuchar siquiera a la oposición, sin respeto a los añejos procedimientos parlamentarios que están en las esencias de las democracias de nuestro entorno y que aseguran que la mayoría y las minorías concurrirán en la formación de la voluntad popular. La corrupción, la ambición y el fanatismo andan de la mano en esta aventura que no tendrá efecto jurídico alguno, que será vista con estupor y desagrado por la comunidad internacional, y que irritará sin duda a la mayor parte de la sociedad española y catalana, no menos numerosa por vociferar menos.
La intención de los soberanistas -bien explícita- es promulgar una “ley de Transitoriedad” que facilite la “desconexión” y la ulterior proclamación de la República Catalana, sabiendo perfectamente que no existe ni de lejos una mayoría clara a favor de esta opción, ni conforme con este procedimiento rudimentario e impropio de una sociedad madura que aspira a vivir en un estado de derecho… En algún momento de este proceso, se celebraría un referéndum unilateral…, probablemente para ratificar hechos consumados. Como es natural, el Estado no permitirá que prospere semejante delirio, pero es deseable que la intervención gubernamental, muy medida, sea la menor posible. Porque con toda evidencia, el gran afán de los rupturistas es que la otra parte sobreactúe, se exceda, para poder dar rienda suelta al victimismo impenitente del nacionalismo y ganarse así las simpatías de la opinión pública.
Con independencia de que es muy probable que este ardid ya no funcione -los marrulleros están ya en el banquillo o a punto de sentarse en él-, la dignidad del propio Estado y el respeto a la atribulada sociedad catalana obligan a aplicar con delicadeza ese principio de intervención mínima. Probablemente sea suficiente aplicar la ley, instar las respuestas adecuadas del Tribunal Constitucional y exigir las responsabilidades a que haya lugar por la vía ordinaria de los tribunales, como se ha hecho hasta ahora.
Naturalmente, siempre sería posible recurrir al famoso artículo 155 de la Constitución, pero como dicen los juristas de más prestancia, esta disposición es de las que cuando mejor funcionan es cuando no tienen que activarse, por lo que lo ideal es no tener que recurrir a ella. De hecho, lo lógico es impulsar suavemente la situación catalana hacia unas nuevas elecciones.
