El ayuntamiento de Madrid, comandado por Manuela Carmena -jueza emérita de prestigio, independiente, cercana a Podemos y a otras opciones alternativas- con el apoyo político del PSOE, ha introducido la democracia directa para la toma de diversas decisiones de carácter urbanístico a través de Internet.
Entre otras cuestiones, los madrileños han tenido ocasión de elegir el diseño de la plaza de España, un amplio espacio muy degradado; la definición de la Gran Vía, una arteria central creada en una expansión urbanística de principios del siglo XX que también había perdido pulso; el nombre de ciertos parques y lugares públicos; determinadas opciones como la creación o no de un billete único para todas las modalidades de transporte o a favor de un Madrid sostenible? El modelo de democracia directa que ha pretendido seguir el equipo municipal madrileño ha sido el utilizado en diversas regiones de Estados Unidos (California), de Alemania y Suiza.
La idea resulta en sí misma poco controvertible, y es una consecuencia directa de las propias Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que ofrecen un abanico inédito de posibilidades de participación social: aunque se crea ciegamente en la democracia representativa, que está en la cumbre de la política democrática, tiene todo el sentido que los propios vecinos participen directamente en la construcción de su ciudad. Pero la democracia directa es, si cabe, aún más delicada que la representativa, y se puede incurrir con gran facilidad en la manipulación si no se siguen determinadas reglas, que en el caso de Madrid no se han tenido desde luego en cuenta. Una primera es la de ofrecer verdaderas opciones simétricas (preferentemente disyuntivas creíbles) que generen una polémica real y que no pretendan ser utilizadas demagógicamente para respaldar una decisión ya adoptada de antemano. Así por ejemplo, se ha destacado que tres de las cuatro preguntas suscitadas por el ayuntamiento sobre la peatonalización de la Gran Vía incluían el término "mejorar". ¿Quién se atrevería a votar en contra? De hecho, la peatonalización propuesta por el Ayuntamiento ha obtenido porcentajes superiores al 92%. No hace falta tener un espíritu muy crítico para entender que se ha creado un dilema artificial y que se ha recurrido a un ritual mágico para legitimar una decisión tomada de antemano.
La segunda regla es una mínima autoexigencia para llevar adelante una consulta sólo cuando se constate que suscita suficiente interés. En el caso de Madrid, ninguno de los asuntos planteados ha merecido una participación de más del 8%. Con estas tasas, no es razonable ni democrático atribuir las decisiones que se adopten a la decisión directa de la ciudadanía: asúmanlas los políticos que tan parca respuesta han obtenido.
Hay aún más objeciones que hacer y quizá la más seria sea que una consulta abierta a todos sirve en efecto para abordar un dilema real -por ejemplo, la peatonalización o no de la Gran Vía o del casco histórico- pero no vale en absoluto para resolver un concurso de proyectos complejos, como es el caso de la Plaza de España.
Si se quiere promover la participación en esta clase de decisiones basadas en un concurso urbanístico, lo lógico es utilizar otras técnicas de la llamada democracia deliberativa: convocar una asamblea de personas interesadas, abrir entre ellas un debate intenso con participación de responsables políticos y de autores de los proyectos, analizar las distintas facetas de cada oferta y realizar sucesivas rondas para ir eliminándolos uno a uno hasta elegir el ganador. Pretender que este proceso sea masivo, o limitarlo a la expresión del voto a través de Internet sin constatar el análisis que los votantes han hecho de cada proyecto es un ejercicio estéril de voluntarismo que no tiene por qué conducir al mejor proyecto.
