Algún analista político ha puesto en evidencia a algunos reclamantes del imposible referéndum de autodeterminación de Cataluña, que dramatizan con afectación su afán, frustrado supuestamente por la arbitrariedad de un Estado -dicen- tan dudosamente democrático como el español. En la escenificación llega a afirmarse, con nulo sentido del ridículo, que determinadas reacciones adversas del sistema a las presiones ilegítimas de los independentistas constituyen "el fin del estado de derecho" (Francesc Homs, por ejemplo, poco antes de acudir al Supremo a declarar como imputado por el 9N).
En realidad, estos personajes atrabiliarios, que representan las cenizas de la desacreditada CDC y que no logran poner en pie el engendro del PDeCAT, saben perfectamente que el referéndum no se producirá porque ni el Estado español va a consentirlo, ni goza de las simpatías de la comunidad internacional, ni siquiera en Cataluña descansa sobre una masa crítica suficiente. Lo único que pretenden estos individuos es explotar el victimismo que les proporciona supuestamente el desaire que reciben al negárseles la consulta, que reclaman en nombre de su antigua y perdida clientela. Pero también este empeño es vano: las encuestas acreditan que PDeCAT está políticamente en ruinas porque los ciudadanos de Cataluña, que son ilustrados y tienen buena memoria, todavía no han olvidado los indignantes excesos de la familia Pujol, ni los episodios indecorosos como el del Palau de la Música, ni el indecente negocio generalizado del 3%.
