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El fiscal de Murcia

La noticia es conocida: La Fiscalía General del Estado, hoy en manos de José Manuel Maza, abordó el pasado miércoles una amplia renovación de la cúpula del ministerio público que supuso el cambio o confirmación de 35 cargos. La mudanza, que es perfectamente legítima y acorde con las normas vigentes, incluye sin embargo la no renovación en su puesto del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, impulsor de las últimas investigaciones contra el presidente de esa comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez. López Bernal será relevado por José Luis Díaz Manzaneda, actual fiscal en esa autonomía. Y se da el caso de que Bernal ha denunciado el pasado jueves las "intimidaciones" y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción; "a nadie le gusta que le metan querellas absurdas que no tienen otra finalidad que amedrentar a la gente", ha dicho este fiscal, que, lejos de hallar cobijo en la superioridad, se ha visto directamente defenestrado.

El hecho de que el relevo sea legal no significa no sea inoportuno, impertinente y hasta indecente. Las proclamas ardorosas contra la corrupción que efectúa con grandilocuencia el poder político quedan reducidas a agua de borrajas después de este gesto de arrogancia e insensibilidad de la fiscalía general del Estado. Y la contaminación llegará a toda la clase política si los partidos no toman cartas en el asunto, no denuncian el escándalo y no actúan contra la continuidad del presidente murciano, que prometió marcharse si era investigado y cuya continuidad no es compatible con el pacto PP-Ciudadanos para la investidura de Rajoy.

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