Nada más llegar al poder, Donald Trump dio la orden de vetar la entrada en Estados Unidos de todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (entre ellos Irán, Irak y Siria). A los pocos días, un juez federal de Seattle James Robart anuló la orden de Trump por considerarla "anticonstitucional". Trump contestó en Twitter intentando desprestigiar al juez lo llamó "supuesto juez", como si le hubieran dado el cargo en una rifa en Las Vegas y luego lo tachó de ridículo y de poner en peligro la seguridad de su país. Y es posible que ahora mismo ya haya dado órdenes a sus servicios secretos para que busquen cualquier hecho comprometedor, por estrafalario o absurdo que sea, que pueda desprestigiar a ese juez o al menos comprometer su reputación.
Pero imaginemos ahora y no quisiera dar ideas a nadie que Trump montase una campaña propagandística contra la decisión del juez Robart. Imaginemos que animara a los funcionarios federales a que se manifestaran ante el juzgado del juez Robart para protestar contra su decisión, y además les diera un día libre y les prometiera tomar buena nota de los funcionarios que iban a ir y de los que iban a quedarse en su puesto de trabajo. Imaginemos además que convocara a los moteros de la Rolling Thunder, que recorren las autopistas acompañando los féretros de los soldados americanos caídos en combate, y les animara a rodear el juzgado con sus tres mil Harley-Davidson y sus miles y miles de banderas americanas (y sus calaveras y sus insignias intimidatorias y su indumentaria siniestra de Ángeles del Infierno). E imaginemos que fletase cientos de autobuses y aviones gratis Trump tiene dinero de sobra para enviar a 40.000 simpatizantes a que se manifestasen de forma tumultuosa frente al juzgado y gritasen toda clase de consignas e insultos en contra del juez ("¡Traidor!", "¡Moro asqueroso!", "¡Asesino de americanos!" "¡Follacamellos!"). Entre esos simpatizantes estarían sin duda los amables socios honorarios de la Asociación Nacional del Rifle, junto a otras muchas organizaciones igual de filantrópicas y simpáticas.
Esto no ha sucedido en Estados Unidos y esperemos que no suceda nunca, pero sí ha sucedido en España, más concretamente en Barcelona, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es cierto que en Barcelona no ha habido moteros ni miembros de la Asociación Nacional del Rifle, pero sí funcionarios que iban en autocares fletados y a los que se les había dado un día libre. En la Argentina de Perón y en la España de Franco, a esos funcionarios dóciles que iban a aplaudir al jefe se les conocía como "acarreados" y jamás tuvieron muy buena fama. Pero lo bueno del caso es que la manifestación de ayer en Barcelona y no es la primera vez que ocurre cuenta con la simpatía y la comprensión, o incluso la aceptación entusiasta, de miles de personas que se revolverían de asco si vieran que Donald Trump convocase a los moteros de la Rolling Thunder y a los funcionarios federales a manifestarse ante el juzgado del juez Robart. Y lo que para muchos sería fascismo puro y duro, siempre que lo protagonizase Trump, si ocurre en Barcelona y lo protagoniza Artur Mas no es más que una admirable demostración de patriotismo y de amor a la libertad. Está visto que amedrentar a los jueces y poner en entredicho las decisiones judiciales de una democracia no les parece mal si lo hacen sus amigos y simpatizantes. Ahora bien, si lo hacen los otros los que no son amigos y simpatizantes, entonces sí, estamos ante un ejercicio nauseabundo de agresión a la independencia judicial.
¿Cuántas veces habrá que repetir que el supuesto derecho a decidir no existe tal como lo defienden los independentistas catalanes? Y no es cierto que votar jamás pueda ser un delito, como dice la candorosa Ada Colau. ¿Podríamos permitir que se votara en Ceuta o en Melilla, o en cualquier otra ciudad española o colegio, o centro laboral, un referéndum sobre la introducción de la Sharia musulmana? ¿Podríamos permitir que Marbella o Ibiza votasen su independencia para convertirse en paraísos fiscales y no compartir sus ingresos con nadie más? ¿Podríamos permitir que se votase la reintroducción de la pena de muerte? ¿O la puesta en libertad inmediata de todos los acusados de violencia contra la mujer? Claro que podríamos permitirlo, pero quizá habría algún juez que considerase que esa decisión constituía un delito por ser "anticonstitucional". Eso es lo que ha pasado en Seattle con el juez Robart. Y eso es lo que muchos no quieren entender que ha pasado en Barcelona.
