La renovación del constitucional y otras chapuzas

El Partido Popular y el Partido Socialista han comenzado a negociar más o menos discretamente la renovación rutinaria del Tribunal Constitucional (TC). Procede que el Senado sustituya a Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa que han acabado su mandato (nueve años), así como a los fallecidos Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega. La ley orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo importantes reformas en la ley orgánica del tribunal de 1979, y en concreto añadió un segundo párrafo al artículo 16.1 de dicha norma con la siguiente redacción: "Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el reglamento de la Cámara". Además, los nuevos magistrados elegidos por el Senado deberán serlo por mayoría de tres quintos de la Cámara (artículo 159.1 de la Constitución) y todos ellos habrán de "ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional".

Con toda evidencia, el legislador pretende que los miembros del TC sean juristas de larga experiencia e indiscutible solvencia, capaces de ganarse el apoyo político de más de un partido (mayoría de tres quintos, 159 votos en una cámara de 266) y con arraigo en alguna autonomía concreta ya que son las comunidades autónomas las que han de efectuar la propuesta de los candidatos.

Pue bien: como se ha dicho, PP y PSOE, que cuentan con 211 senadores (149 y 62 respectivamente) se disponen a traicionar una vez más el espíritu de la norma y a aplicar el conocido sistema de cupos, mediante el cual se repartirán arbitrariamente las plazas vacantes, que recaerán en personas en que la competencia y la experiencia podrán perfectamente ceder el paso la lealtad partidaria. Quede claro que en el Tribunal Constitucional ha habido, y hay actualmente, personalidades de extraordinaria valía, pero también ha de quedar constancia de que en todas las épocas han escalado también tan alta dignidad juristas de medio pelo, elegidos por la servicialidad al partido hegemónico.

El sistema de cupos elimina la constricción que introduce en la voluntad de los partidos la obligación constitucional de las mayorías cualificadas. En lugar de seleccionar personalidades capaces de agradar a PP y a PSOE al mismo tiempo, lo que revelaría una posición superior, independiente y ecuánime en el elegido, se reparten burdamente los puestos: ambas formaciones intercambian apoyos a personas de su absoluta confianza. Y sí, esperpénticamente, en lugar de nombrar a cuatro magistrados excelsos y capaces de planear sobre el partidismo limitante y desfigurador, se designa a dos amigos incondicionales del PP y a otros dos del PSOE (o a uno del PSOE y a otro más de una tercera fuerza con la que se quiera mantener un relación), con lo que, a medio plazo, se habrá "parlamentarizado" el TC: ya no estará formado por juristas insobornables sino por emisarios de los partidos políticos.

Ciudadanos no ha querido esta vez sumarse a la farsa, y ello honra a este partido que tan decisivamente ha contribuido a sanear en la medida de sus fueras la vida pública de este país. Pero que nadie recupere por ello la esperanza: conociendo a nuestros partidos y a nuestros políticos, esta marrullería no tiene arreglo. A menos, claro está, que cuando alguien con agallas plantee la reforma constitucional, se opte por modificar la composición del órgano interpretativo de la misma, por ejemplo haciendo las magistraturas vitalicias como en los Estados Unidos. Sólo esta inamovilidad perpetua puede poner fin a las interferencias entre la profesionalidad jurídica y la política.

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