El silencio se impone sobre la tramitación de los expedientes de ruido del ayuntamiento de Palma. Es la inversión de términos y conceptos plasmado como consecuencia directa y gran resaca de los numerosos casos de corrupción que se han infiltrado y emanan de Cort. Hay miedo a firmar. Casi nadie quiere poner su rúbrica en nombre del ayuntamiento porque en las oficinas municipales se ha instalado la psicosis de la imputación judicial o de la detención cautelar. Hasta este punto se ha degradado una Administración local palmesana que, como fruto del modelo de gestión vigente hasta hace muy poco, tiene visos de asemejarse al triste Govern de Jaume Matas de la legislatura 2003-2007.
Desde noviembre de 2015 el departamento de Salud de Cort carece de ingeniero superior. Se fue a trabajar al Consell y después fue imputado por las irregularidades en el cierre de locales vinculadas a la trama de corruptelas de la extinta Patrulla Verde de la Policía Local. En este periodo, la plaza, al igual que la de ingeniero técnico, ha sido convocada en dos ocasiones, pero sin éxito. Ahora se abre la inscripción para la de técnicos que, se supone, paliará la situación. Mientras, los casos más urgentes, los que no pueden esperar, deben ser resueltos por los ingenieros de otros departamentos. Es el reflejo de lo que ocurre en un ayuntamiento de Palma en el que, a fuerza de ver irrumpir a los agentes de la Policía Judicial en Cort ya nadie parece fiarse de su propia sombra. Dentro de esta dinámica resulta normal que se genere desconfianza y malestar, se vuelve comprensible el miedo de todo funcionario honesto, que los hay en grado superior al de las apariencias, hasta el extremo de renunciar a las legítimas aspiraciones de ascenso que se puedan presentar.
Pero no es menos cierto que el ciudadano tiene pleno derecho a unos buenos servicios y prestaciones y que ello pasa, irremediablemente, por la agilidad administrativa. Por tanto, habrá que solventar la cuestión cuando antes mejor.
En el caso de los ruidos, que parece ser la punta del iceberg de la actual anomalía administrativa de Cort, la cuestión es especialmente sensible y delicada. La Defensora del Ciudadano ya expresó en diciembre pasado su sensación de que "no hay nadie que capitanee el barco". Habrá que zarpar pues y hacerlo con buen rumbo y mano firme en el timón porque nadie puede quedarse con la sensación de que se navega a la deriva, sin rumbo ni orientación. El ruido, muy disonante pero por desgracia real, de esos casos de corrupción que siempre se mueven en la órbita de José María Rodríguez y Álvaro Gijón, no puede aplacar la solución del problema del ruido callejero y ocioso. Un ruido no se tapa con un estruendo mayor. Además, los ciudadanos tienen derecho a la calma y al silencio ordinario. Y los funcionarios municipales también para poder hacer su trabajo con tranquilidad.
