"¡Vaya mañanita llevamos!", se quejaba el otro día una funcionaria de los juzgados de Vía Alemania, maldiciendo el enésimo cuelgue del sistema informático. La digitalización de la Justicia era una de las grandes apuestas de la agenda del ministro Rafael Catalá, y la obligatoriedad de que las comunicaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica en todos los órganos jurisdiccionales, uno de sus primeros retos. Hazaña por el momento fallida. Cada vez que me conecto al sistema de comunicaciones telemáticas, Lexnet, del ministerio de Justicia, aparecen avisos de paradas. Cada vez que tiene que cargarse la nueva documentación en los servidores centrales de los juzgados, el sistema queda paralizado. En un artículo publicado el 8 de enero del 2016, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, indicaba que los problemas son normales con la siguiente expresión: "El sistema tiene fallos, sólo faltaría". Para un sistema que empezó a prepararse en el año 2000 y que ha costado millones de euros, no es normal que tenga tantos fallos.

En principio, las nuevas tecnologías deberían facilitar el trabajo y posibilitar la prestación más ágil de los servicios. Sin embargo, en el ámbito de la justicia está ocurriendo todo lo contrario. Las condiciones de trabajo de los funcionarios cada vez son peores. Su salud se resiente. Hay más lentitud en la resolución de los expedientes. Esta semana pasada la Audiencia Provincial de Balears pedía perdón por haber tardado nueve años en resolver un caso de negligencia médica. Los abogados y procuradores tenemos más inseguridad con el tema de los plazos, porque es obligatoria la presentación de escritos por vía telemática y esta vía telemática deja de funcionar a determinadas horas casi cada día. Ante todo esto, he querido conocer quién es el responsable de todos estos perjuicios que se están causando a los ciudadanos.

La gestión telemática de la Justicia empezó a desarrollarse en el año 2010. Inicialmente lo desarrollaban IECISA (Informática El Corte Inglés, SA) y SIA (Sistemas Informáticos Abiertos). La primera empresa, por cierto, fue inhabilitada para contratar en el sector público durante tres años por cesión ilegal de trabajadores y vulneración de sus derechos en 2016.

En marzo del 2011 ya comenzaron los primeros "problemillas". El sistema Lexnet debido al uso de componentes Active X y, por tanto, a su dependencia del navegador y sistema operativo de Microsoft, no cumplía con lo establecido en los artículos 5 y 6 del anexo IV del real decreto 84/2007. ¡Huy, qué descuido! Descuido o interés. Recomiendo leer el artículo del abogado José Muelas El ministerio de Justicia y el software propietario, para conocer un tema de fondo muy preocupante: el ministerio se está gastando una millonada en software propietario (Microsoft) en lugar de usar software libre, a pesar de que el libre es más seguro y tiene las mismas prestaciones que el propietario.

En junio del mismo año el TSJ de la Comunidad Valenciana informa en un comunicado que los problemas en el sistema informático de los juzgados de Primera Instancia y los Mercantiles se han generado por disfunciones en la implantación de la nueva versión del programa Lexnet y su coordinación con el programa Cicerone. El mismo fallo fue denunciado en Alicante por fuentes judiciales. Un funcionario aseguró que ese problema llevaba en activo al menos quince días.

En junio de 2012, a pesar de los fallos iniciales en la implantación del sistema, la empresa Avalon consigue otro contrato para la mejora de Lexnet por valor de 150.000 euros. De hecho no se presentó ninguna otra empresa a la licitación de ese contrato. Parecía que las cosas iban a mejorar. Sin embargo, era sólo un espejismo. A principios del 2014, Los procuradores se rebelan contra los fallos del sistema Lexnet. ¡Huy otro descuido!, resultaba que el portal Adriano no generaba acuse de recibo de los escritos presentados. Por si esto fuera poco, en noviembre del 2015, la empresa Avalon consigue otro contrato para la "mejora" de Lexnet.

Y llegó el 1 de enero de 2016, fecha en que terminaba la moratoria, entraba en vigor la directiva por la cual todos las nuevas notificaciones deben ser digitales y se terminaba con la presentación de escritos en papel. Todo ello, sin haber resuelto los problemas del sistema. A los ocho días el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, declaró que el problema radica en que se trata de un sistema que no funciona y que "al prohibir la presentación de documentos por la vía convencional en papel resulta que es como si nos cerraran los juzgados, lo cual es una barbaridad. Se dan situaciones tan curiosas como que la presentación de una demanda por vía telemática tarde 24 horas en cargarse".

Y a día de hoy continúan los problemas. Han transcurrido 17 años, se han invertido millones de euros y tenemos una situación caótica. ¿Quién o quiénes deben responder por esta situación? Han participado varios organismos privados y públicos en la historia de Lexnet. IECISA como desarrollador, Indra Sistemas o Software Labs en la coordinación de la implantación del producto en varias ciudades así como en algunos aspectos de desarrollo, Avalon como desarrollador de la implementación analítica de notificaciones y documentos adjuntos, Satec que ha participado en todas las fases (análisis, diseño software y hardware, construcción, implantación y aceptación), Novasoft y Semicro como soporte técnico y, desde el ámbito público, la subdirección general de Nuevas Tecnologías de la Justicia y los ministros de Justicia correspondientes.

A día de hoy, nadie ha pedido disculpas ni ha asumido sus responsabilidades ¡Qué injusticia!

* Filósofo y abogado