La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) ha servido, entre otras muchas cosas, para confirmar que “todo está vendido” ya en Mallorca para la temporada de 2017. También ha sido el lugar en el que algunas cadenas hoteleras mallorquinas han reiterado sus proyectos de expansión para 2017 y, sin ir más lejos, el marco en el grupo Melià ha anunciado que abrirá el Palacio de Congresos de Palma en abril y que el recinto albergará una primera gran convención de la firma Mercedes en octubre.

En Fitur han quedado patentes también las diferencias que existen, entre los distintos sectores afectados, en relación al alquiler turístico que el Govern se dispone a legalizar en todas sus formas, con el mes de junio como fecha tope para hacerlo, pero difícil de cumplir tal cómo están las cosas. En la semana que hoy finaliza se han presentado igualmente las alegaciones al proyecto de ley de este arrendamiento vacacional. Han sido cuantiosas y diversificadas, firmadas no solo por integrantes del sector turístico, sino también por colectivos cívicos y sociales de toda procedencia. Es la expresión, por una parte, de que el asunto no está maduro de forma suficientes y, por otra, de que existen notables intereses y preocupaciones sobre él.

La alta ocupación hotelera de las últimas temporadas y la de nuevos records para la de 2017 corren paralelos al interés creciente, en cuanto a demanda y oferta, por el alquiler turístico, una actividad vigente, en plena expansión, pero de regulación parcial. Es necesaria por tanto su normalización plena por mero sentido común, para salvaguardar los intereses de clientes y propietarios y porque, por principio, resulta conveniente que las actividades económicas estén legalizadas en su integridad. Interesa por igual a los particulares y a una Administración que en el ámbito del alquiler turístico dispone de un amplio campo de control y actividad fiscal.

De las manifestaciones recogidas en Fitur parece desprenderse que los hoteleros han hecho valer su capacidad de influencia para que el Gobierno Rajoy tome sus propias medidas en este apartado. El Ejecutivo de Madrid se muestra decidido a hacerlo y el Govern Armengol no se opone a ello, pero enseguida acota el terreno. El vicepresidente y conceller de Turismo, Biel Barceló, también desde Fitur, se ha apresurado a recordar que el alquiler vacacional es una competencia de las comunidades autónomas y que al Gobierno central solo le corresponde, a lo sumo, establecer espacios marco o ejercer labores de coordinación.

Por otro lado, las comunidades de vecinos y los administradores de fincas han advertido sobre el factor de “crispación” que puede suponer en la convivencia vecinal la pretendida exigencia de unanimidad de los moradores de una finca para que en ella puede haber un piso destinado al alquiler turístico. Reprochan al Govern que haga descansar la decisión final sobre los vecinos. El tiempo de antigüedad de la vivienda de uso vacacional es otro punto de litigio.

Todo junto mantiene la convicción de que quedan muchos puntos, demasiados, por pulir pero también de que se hace imprescindible, ya con urgencia, hallar y consolidar el equilibrio entre todos los afectados por el alquiler turístico. Debe hacerse respetando por igual los derechos de los usuarios y de los propietarios así como del sector hotelero. Es un terreno sobre el cual cada uno tiene y debe depositar un poco de razón, en el que nadie debe tener la exclusiva pero todos su parte. No puede olvidarse tampoco que se trata de un sector de alta demanda que, de no hallar acomodo tranquilo en Mallorca, emigrará a otros lugares. Sería un desprecio humano y económico imperdonable.