Son Espases parece condenado a arrastrar hasta la eternidad los defectos y alteraciones de su propia concepción. Aparte de la controversia de la elección del lugar, investigadores y jueces llevan tiempo intentando averiguar cómo se otorgó la magna obra del hospital y por qué acabó en los andamios de Dragados cuando una primera concesión apostaba por la UTE encabezada por OHL de José Miguel Villar Mir. Nunca se ha explicado el trasvase de empresa realizado por sorpresa.
Tampoco hay indicios de que se vaya a hacer en un tiempo razonable. No será sin embargo por falta de empeño de los instructores. Falta la colaboración explícita de quienes están al corriente de lo ocurrido. Nadie sabe nada, nadie ha visto cosa rara alguna. Entre los escasos indicios de irregularidad oídos están los de quien fuera secretaria de la mesa de contratación y que declaró haber recibido órdenes del director económico del Ib-Salut, ya fallecido, con un acta a favor de Dragados antes de que se reuniera la mesa.
En los testimonio recabados hasta ahora, figuran algunos nombres de postín. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, como presidente de ACS en la que se integra Dragados, es uno de ellos. Declaró el 29 de septiembre de 2014 ante el fiscal Horrach. Negó cualquier intervención en un supuesto amaño del concurso de Son Espases y haber participado en un incidente con Jaume Matas a cuenta de una presunta dávida o soborno de 10 millones. "Dada mi trayectoria profesional, no conozco a nadie que se atreva a pedirme dinero" aseguró. La fiscal Laura Pellón, descarta ahora, por falta de fundamentos sólidos, volver a llamar a Florentino Pérez como testigo en el juzgado.
Todo parece indicar que las pesquisas empezarán a centrarse en un primer supuesto de amaño del concurso del hospital de Son Espases y no tanto en una segunda manipulación de la que nadie ha llegado a dar indicios sólidos suficientes para seguir adelante en las investigaciones.
Al margen de la escrupulosa instrucción legal y de la evidencia de que no se puede intervenir sin fundamento, el problema, de cara a la opinión pública y de la defensa de los intereses generales, está en que no se han despejado los indicios de amaño y aprovechamiento privado. Sigue sin justificarse el repentino cambio de concesionario. Permanecen también las sospechas de que tanto el PP regional como el nacional pudieron haber percibido algún beneficio derivado de la construcción de la que ha sido la mayor obra pública jamás realizada en Balears. Es como si no existiera la necesidad ni la reivindicación de justificar las cosas. Mientras sea así, existirá un problema de raíz capaz de distorsionar la gestión pública.
