El empresario hostelero Antonio Catalá ha descrito con realismo la situación ulterior a la reforma laboral de 2012: hoy sería posible que despidiera a toda la plantilla de sus hoteles pagando veinte días por año trabajado y que la subcontratara de nuevo en peores condiciones. "Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso", añadió.
La desregulación prácticamente completa del empleo promovida por un gobierno que disponía de mayoría absoluta y que había de resolver una de las crisis más profundas de nuestra historia reciente pudo ser explicable y útil en aquella ocasión concreta de verdadera emergencia pero no es sostenible hoy, cuando ya estamos saliendo de la crisis en términos macroeconómicos, el gobierno está apoyado por una frágil minoría y se hace cada vez más visible la insoportable precariedad laboral en que se encuentra gran parte de la población asalariada.
El fenómeno relativamente nuevo de la llamada 'pobreza laboral', que consiste en que el acceso a un puesto de trabajo ya no significa traspasar el umbral de la indigencia, es de una llamativa intensidad en este país. La estadística "Mercado de trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias" publicado la semana pasada por la Agencia Tributaria pone de manifiesto que el 34,3% de los asalariados en España (es decir, 5.960.597 trabajadores) percibieron en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por debajo de los 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 personas más que en 2007, a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en este periodo en casi dos millones, hasta los 17,3 millones.
La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de actividad o sector, que modifica (y desfigura) el art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, reduce a cenizas la negociación colectiva ya que los términos contractuales que terminan imponiéndose son los pactados por cada trabajador con su empresario. Es evidente que este procedimiento, aplicado en tiempos de crisis, ha desembocado en una generalizada devaluación salarial, que pudo ser providencial en aquel momento pero que no puede extrapolarse a situaciones de normalidad.
Asimismo, es ineludible la reforma urgida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sentenciado en septiembre que España no puede discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales, de forma que ambas categorías de asalariados deberán recibir una compensación económica de 20 días por año trabajado.
En definitiva, se deben recuperar los derechos laborales básicos, aplicando además el criterio general de que el contrato temporal sólo ha de ser legal en ocupaciones intrínsecamente temporales pero no puede utilizarse su encadenamiento para cubrir un trabajo permanente.
Esta reforma, que debería complementarse con la paulatina creación de un salario básico universal -del tipo del Complemento Salarial Anual Garantizado que propone Ciudadanos- resolvería la situación de los trabajadores con empleo precario y evitaría grandes subidas del salario mínimo (SMI), que, aun siendo de justicia, tienen ciertos efectos contraproducentes (un SMI sobrevalorado condena al desempleo crónico a los parados con menor cualificación).
De momento, el Gobierno se ha emboscado en su negativa a "cambiar aquello que funciona bien", en referencia al reforma laboral. Es cierto que se ha demostrado su eficacia para crear empleo precario, pero ahora los requerimientos son otros y las exigencias distintas: es preciso que regresen a la clase media aquellos trabajadores que han descendido en la escala social hasta una lesiva proletarización, y urge asimismo aportar algunas dosis más de seguridad al trabajo asalariado. Estas medidas de reconstrucción del mercado laboral y de nivelación social tendrán además un efecto indirecto: reducirán los argumentos de seducción que maneja el populismo, que como es sabido se ha alimentado de las graves injusticias del viejo sistema establecido.
