La ley Wert ha sido considerada inaceptable por los sectores progresistas del mundo educativo porque propendía a segregar a los escolares. Las reválidas obligatorias en primaria y 4º de ESO abrían bifurcaciones que dejaban a una parte de la comunidad escolar en la estacada. Y en 4º de ESO, los alumnos debían escoger además si optaban por la Formación Profesional o el Bachillerato, es decir, la vía que conduce a la Universidad, lo que situaba la FP en una especie de segunda división. Y lo que pretenden los críticos con la LOMCE es que la igualdad de oportunidades en el origen se extienda a todo el proceso educativo obligatorio, de forma que nadie sea expulsado prematuramente del camino que conduce hacia los estudios superiores.
La ley Wert fue elaborada, además, unilateralmente, sin atisbo alguno de consenso, a pesar de que el intento anterior, el realizado por Ángel Gabilondo al final de la etapa de Zapatero, había conseguido una aproximación muy notable al acuerdo que no se logró por razones marginales: estábamos en lo más profundo de la crisis y se anticiparon las elecciones generales, por lo que no hubo oportunidad ni voluntad de formalizar el acuerdo.
Por todo ello, tras la investidura de Rajoy y ante la existencia de una clara mayoría parlamentaria favorable a la derogación de la LOMCE, el Gobierno ha claudicado. Por una parte, se ha comprometido con Ciudadanos y el PSOE a formar una subcomisión que en seis meses fije las bases del ansiado pacto educativo; y, al propio tiempo, ha acordado con las comunidades autónomas la eliminación de las reválidas obligatorias en primaria y en 4º de la ESO, y la conversión de la última de ellas en una prueba de selectividad muy semejante a la preexistente Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyas características habían sido acordadas hace un par de semanas por Educación con la conferencia de Rectores, la CRUE. Los alumnos se examinarán de cuatro asignaturas troncales de 2º de bachillerato y podrán elegir dos asignaturas específicas para subir nota.
La búsqueda del consenso será ardua pero no imposible. Previsiblemente, habrá dificultades sobre las materias se debatirá el peso de la Filosofía y de la Tecnología, la ubicación de las lenguas clásicas, sobre la distribución de los contenidos y la posibilidad de refuerzos, sobre el tratamiento de la Religión, sobre la enseñanza en las comunidades bilingües, sobre las condiciones de la concertación, etc. Hará falta lograr un fundamento técnico de considerable solidez sobre el que converjan las distintas actitudes ideológicas, que deberán ceder en aras del acuerdo.
Una vez conseguido el pacto, habrá que implementarlo mediante un presupuesto adecuado. Ha sido un tópico manejado últimamente con profusión que el gasto español en educación era suficiente, por lo que lo que estaba fallando era el modelo. Y esto no es cierto si hay que creer los cuidadosos informes de la OCDE. En concreto, el titulado "Panorama de la Educación 2016: indicadores de la OCDE", dado a conocer en septiembre, afirma que el gasto educativo español (4,3% del PIB) es inferior a la media de los 35 países de la OCDE (5,2% del PIB). Mientras que la mayoría de los países han mantenido invariable la inversión en educación en los años duros de la crisis la media se mantuvo en el 11% del gasto público total entre 2008 y 2013, España ha bajado un punto en este periodo, hasta el 8% del gasto total.
La tarea es vital: hay que elaborar un modelo consensuado de educación y hay que financiarlo. Sin la menor retórica, Nos jugamos en ello el futuro.
