El principal obstáculo con el que topa la insularidad es el de la incomprensión. Algo tan evidente y natural como la constatación de que un territorio insular se sustenta sobre realidades propias que difieren de las continentales, es observado casi siempre con indiferencia y tratado con apatía desde unos entramados administrativos que en algunos aspectos vitales siguen pecando de demasiado centralistas. Por eso resuelven muchas cosas provocando agravios comparativos.
Se aprecia muy bien en el apartado del transporte colectivo. La experiencia demuestra que Madrid sigue contemplando Balears como un lugar al que se puede ir a descansar o a recrearse con temperaturas plácidas y paisajes exclusivos. También debe pensar que los residentes en el archipiélago son tan dóciles como el clima al que están sujetos, pero en ningún caso los contempla como personas con necesidades de transporte que, por mera evidencia geográfica, tienen un uso muy limitado del vehículo particular o, pongamos por caso, el ferrocarril. El avión que puede ser excepcional para un peninsular se vuelve imprescindible para un isleño. Entonces, ¿resulta tan difícil adecuarlo como transporte habitual a precio asequible blindado con respecto a la especulación de la demanda?
Se ve que si, por lo apuntado antes, la negación práctica de que un territorio insular necesita tener canales marítimos y sobre todo aéreos normalizados en todos los aspectos. La insularidad es una reivindicación permanente. Ahora toca actualizarla de nuevo porque el ministerio de Fomento rescata la rocambolesca iniciativa de limitar las bonificaciones a los residentes que viajen de forma colectiva a través de entidades sociales, empresas o la misma Administración Pública. Se quiere fijar una tarifa media máxima sobre la que se haría el descuento a aplicar.
El sistema ha sido cuestionado de inmediato por el Govern que en este caso está dispuesto a hacer un frente común de reivindicación con la Federación de Agencias de Viajes (Aviba). Por varios motivos, porque la media en cuestión incluiría a los precios más bajos y porque resultaría especialmente gravosa en los supuestos de desplazamientos urgentes. Pero, cuestiones puntuales aparte, lo cierto es que el método ideado resulta injusto en su propia concepción.
El pasado mes de mayo ya se pidió una reunión con la entonces ministra, Ana Pastor, para abordar este asunto. Ahora, el conseller de Territorio y Movilidad, Marc Pons, tras reunirse con las agencias de viajes, anuncia que solicitará audiencia con el nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para hacerle ver que "se equivoca" si recorta el descuento actual a quienes tengan la necesidad o la oportunidad de viajar en grupo. También buscará alianzas en Canarias para dar mayor peso al "frente común". No es mala idea visto el peso político canario.
