Bruselas nos exige un recorte presupuestario de 5.500 millones, aproximadamente el 0,5% del PIB, para ajustar el déficit y conseguir que en 2017 sea de sólo el 3,1% en lugar del 3,6%. El cálculo es teórico porque, como es natural, las grandes cifras al término del ejercicio que viene dependerán de la tasa de crecimiento, de la evolución dela economía. Pero esos 5.500 millones no son al parecer negociables: como en la escuela de párvulos o en los sistemas dictatoriales, la regla es la que es, sin cesiones ni negociación. Los comisarios son inflexibles. El Bien y la Verdad están de su parte. Pues bien: un recorte de 5.500 millones, que puede realizarse subiendo impuestos o rebajando gastos, afectará como es natural a la tasa de crecimiento y tendrá un efecto perturbador sobre la economía. En cualquier caso, limitará el bienestar de los ciudadanos, bien porque se mermen servicios o porque crezca la carga fiscal. Y sin este es el efecto demoledor de la medida, parecería lógico que se dieran, antes de adoptarla, muchas explicaciones. Pues no: ni un solo argumento se ha dado a la ciudadanía para justificar la exigencia brutal de que el déficit sea ajustado a toda prisa, ni mucho menos de los efectos seguramente terribles de que España tarde un año más en aterrizar en la zona de convergencia. La Comisión es tan arrogante que no da explicaciones. ¿Y después nos extraña que la gente vote al UKIP, a Le Pen, a AFD o a Podemos?
