Antes de que Rajoy sea hoy de nuevo presidente del Gobierno con todas las atribuciones, Bruselas se ha dirigido ya al gobierno español para exigir esta es la palabra un proyecto de presupuestos del Estado con los ajustes precisos convenientemente especificados: hay que cuadrar las cuentas para que el déficit en el año 2017 y en el año 2018 se atenga a los objetivos marcados, un 3,1% del PIB para el año 2017 y un 2,2% para el año 2018. Ello supone que el próximo año habrá que recortar 5.500 millones de euros, bien reduciendo el gasto, bien incrementando los ingresos vía impuestos. No hace falta decir que PP y C's conseguirán fácilmente un acuerdo al respecto, pero no será sencillo lograr más apoyos (ni siquiera el respaldo del PNV conseguiría la mayoría absoluta necesaria). Lo que lleva a concluir que la pelota estará en el tejado del PSOE, que ya ha manifestado taxativamente que no va a apoyar las cuentas públicas si el recorte preciso ha de recaer sobre los hombros de todos los ciudadanos.
El desenlace de esta crisis dará el tono de la legislatura. Lo lógico sería que el PSOE, que ya ha llegado adonde ha llegado, impusiera sus condiciones cambio de su voto: una subida de la presión fiscal para incrementar el gasto social. Si no lo hace, se cernirá de nuevo el fantasma del bloqueo sobre la vida pública española. Y entonces no habría que descartar nuevas elecciones, previa disolución de las cámaras el 3 de mayo (ese día de 2016 firmó el Rey el decreto de disolución gras el 20D, por lo que se cumpliría el año que exige el artículo 115.3 de la Constitución), como ya ha presagiado algún ministro en funciones. Confiemos en que la cordura de todos los actores evite esta desastrosa eventualidad.
