Habría que estar ciego para no advertir que en el cuestionamiento general del sistema que ha supuesto el surgimiento de partidos nuevos, que germinan sobre las cenizas del prestigio de los antiguos, existe un elemento medular que es la crisis del propio sistema de representación, cuyos defectos agravados minan la base de la democracia representativa. Las instituciones que dan contenido y densidad a los regímenes más avanzados del mundo no se nutren tan solo de su legitimidad originaria: han de ganarse el prestigio gracias a una cierta legitimidad de ejercicio, que establezca un vínculo cierto y sólido con la ciudadanía. Si ese vínculo no existe, las instituciones languidecen y periclitan, con riesgo de que al perecer arrastren en su caída al sistema mismo.
Los motivos de la crisis del parlamentarismo son evidentes. En primer lugar, durante casi cuarenta años hemos tolerado la supervivencia del Senado, una cámara perfectamente prescindible que fue erróneamente diseñada por una Constitución cuyos redactores no tenían todavía en la cabeza el sistema definitivo de organización territorial, al que dotaron de una cámara federal que resultó no ser funcional en absoluto. La impericia fundacional unida a la incapacidad para remediar el entuerto han terminado desconectando la cámara alta de las bases sociales, que no terminan de entender cómo se mantiene un organismo cadavérico que no cumple función alguna pero que consume energías y recursos. El bicameralismo en nuestros tiempos sólo se justifica cuando los estados federales quieren combinar la representación personal con la territorial, una idea que podría tener aquí todo el sentido si se implementase, pero que no lo tiene en absoluto en su forma actual.
En segundo lugar, el congreso de los diputados, residencia de la soberanía nacional, adolece de defectos que pueden llegar a ser inhabilitantes. Una de las deficiencias patentes es la nula vinculación humana entre representantes y representados. El sistema de las listas cerradas y bloqueadas establecido en la ley electoral la ley orgánica de Régimen Electoral General, LOREG, interpreta sesgadamente el mandato constitucional de utilizar "criterios de representación proporcional" establece en realidad que el voto se dirige en realidad a una lista abstracta, esto es, a un partido político, con independencia de quién figure en la papeleta. Ello conduce a que el elector no sólo no se relacione con el elegido sino que no lo conozca en absoluto si se hiciera alguna encuesta para constatarlo, el resultado sería demoledor, ni sabe siquiera su nombre, ni lo va a ver en toda su vida; a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las circunscripciones unipersonales británicas, en las que el diputado es el agente activo de las inquietudes del distrito al que sirve. A consecuencia de todo ello, el Congreso de los Diputados es ya una asamblea de individuos anónimos, de los que el ciudadano medio no conoce ni de oídas a la inmensa mayoría, que tampoco aparece en los medios: de hecho, unos trescientos de los trescientos cincuenta diputados no intervienen jamás en una sesión plenaria ni han dado nunca una entrevista a una medio de comunicación estatal.
Por último, nuestro parlamento, al que en las primeras etapas del rodaje democrático acudieron personas muy distinguidas de profesiones diversas, ha bajado aparatosamente de nivel, por la irrelevancia de la función de la mayoría de los parlamentarios y por la insuficiencia del salario, notoriamente inferior al que percibe un profesional en la actividad privada.
La situación es la descrita, y es de imaginar que los nuevos partidos tienen sincera intención de cambiarla. Ojalá lo logren antes de adocenarse, ellos también, en la cómoda institucionalidad, que hoy es para nuestra desgracia un nido de indolencia y mediocridad.
