Este país extremoso viaja con frecuencia suicida del cero al infinito. Y así, de registrar a más de siete mil aforados en nuestro sector público, un récord absurdo que no tiene parangón en democracia alguna, está pasando a pretender que no quede ninguno, ni siquiera los diputados y senadores que disfrutan constitucionalmente de inmunidad por el hecho de serlo. Lo cual es, seguramente, un disparate.
La inmunidad parlamentaria nació históricamente como defensa de los representantes del pueblo frente al monarca con propensiones autoritarias que pretendía utilizar el subterfugio de librarse de un parlamentario incómodo acusándole de un delito. Los tiempos han cambiado, pero es sensato que quienes encarnan la soberanía nacional disfruten de ese privilegio, que en realidad es de los representados más que del representante. Naturalmente, siempre que el delito que se le impute sea de carácter ideológico o conectado con su actividad como parlamentario.
El Supremo se dispone a pedir al Congreso de los Diputados un suplicatorio para juzgar a Francesc Homs por diversos delitos relacionados con la consulta independentista del 9N. No voy a defender a Homs, evidentemente, pero sus compañeros de cámara deberían meditar muy seriamente si es razonable juzgar a un diputado por sus ideas y por intentar implementarlas sin violencia, aunque haya vulnerado normas procesales o administrativas.
