El presidente de la Generalitat, independentista de toda la vida -ha pertenecido a la generación de CiU que ya creció con el horizonte de la secesión, antes incluso de que Jordi Pujol, descubierto el escándalo familiar, rompiera también la baraja del catalanismo y volcase su despecho en promover la ruptura-, ha acudido una vez más a Madrid a intentar encontrar una escapatoria para el callejón sin salida en que se ha introducido el nacionalismo democrático. Porque no hay que perder un minuto en evidenciar que la propuesta de un referéndum unilateral de independencia, en un territorio en que el independentismo no es masivo y en una democracia impecable que lógicamente no contempla la posibilidad de la secesión, está abocada irremisiblemente al fracaso.
El discurso de Puigdemont, carente de base de sustentación, es frágil e inconsistente. Quiere -dice- negociar toda costa con Madrid. "Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con el Estado". Y para conseguirlo, ha llegado ingenuamente a ofrecer un pacto sobre la pregunta más adecuada en ese referéndum imposible. Pero en el tramo final de su argumentación, que hasta este punto ni siquiera merecería respuesta, se franquea algo más: "Se puede hablar de si establecemos un compromiso de moratoria para el referéndum y se debería hablar. Escuchémonos todos sin apriorismos. Necesitamos diálogo, sosiego" [?] "Nuestra voluntad es sentarnos en una mesa política, no en el banquillo de los acusados".
Llegados a este punto, el discurso sí merece una respuesta, aunque sea de tanteo. Por supuesto, quienes representen al Estado y estén legitimados para hablar en su nombre tienen bien poco que decir en relación a un referéndum de autodeterminación, como si Cataluña fuera una colonia, por lo que nada hay que negociar. Pero sí existe un vasto campo de negociación sobre conceptos contiguos. Por ejemplo, se puede hablar del Estado de las Autonomías y de su reforma; del encaje de Cataluña en el Estado, ya que sería legítimo que otras comunidades aspiraran a disfrutar del modelo foral; de la posibilidad o no de avanzar en una dirección federalizante o confederal, con sus ventajas e inconvenientes; de la posibilidad de recuperar los aspectos cancelados del Estatuto de Cataluña de 2006 mediante una reforma constitucional limitada que lo posibilitara; de la financiación autonómica y su evolución? De todo esto se puede hablar políticamente, primero, y negociar después sin duda alguna.
Si se acepta que el independentismo catalán, que ha crecido en los últimos tiempos, no ha sido totalmente espontáneo sino que ha derivado en parte de algunos contenciosos erróneamente planteados por el Estado -como la sentencia del TC sobre el Estatuto después de un referéndum de ratificación-, parece lógico pensar que la tensión centrífuga decrecería si la irritación y la protesta encontraran en el antagonista comprensión y capacidad de diálogo. No para otorgar lo que el Estado no puede conceder -a nadie se le puede reclamar que se suicide- pero sí para recorrer juntos un muy dilatado camino de reformas posibles que puedan permitir un reencuentro. Si se hurga bajo la superficie de lo visible, si se matiza la diferencia entre la antigua CDC y ERC, y entre estas formaciones y la CUP, si se elimina la espuma de la demagogia y se analiza tan solo la materia real del problema, se llegará quizá a la conclusión de que la manifiesta y preocupante incomodidad catalana puede paliarse mediante concesiones paccionadas que restauren la comunicación, concilien intereses, satisfagan demandas legítimas y posibles, y establezcan un marco cooperativo que no tiene por qué ser incompatible con la multilateralidad que, en otro orden de cosas, ha de ser la característica principal del Estado compuesto que dibuja con trazos generosos y amplios nuestra Constitución.
