Se enfatiza cada vez más, y con razón, de la necesidad de un gobierno, después de nueve meses de provisionalidad e incertidumbre, y cuando vamos en camino de batir las marcas establecidas en nuestro ámbito europeo (los célebres 541 días de gobierno en funciones en Bélgica en 2010/2011). Pero aunque la inmensa mayoría de los intervinientes en el debate coincida en señalar la carencia, es evidente que no todos queremos decir la misma cosa al expresarla.
Por una parte, es manifiesto que el proceso democrático normal necesita que las instituciones constitucionales estén en pleno funcionamiento. La falta de un gobierno con plenas facultades como se sabe, el gobierno en funciones las tiene limitadas en virtud del título IV de la vigente ley 50/1997, del Gobierno perturba la normalidad al no poder presentar el ejecutivo en funciones el proyecto de Presupuestos ni cualquier otro proyecto de ley a las cámaras legislativas (lo que no impide sin embargo que lo hagan los grupos parlamentarios). Además, en el plano puramente político, un ejecutivo en funciones no puede desempeñar debidamente la representación exterior del Estado, ni mantener un papel activo en las instituciones europeas, ni siquiera introducir medidas o terapias que salgan al paso de la coyuntura y que requieran una apoyatura normativa.
Pero, dicho esto, es claro que no hay unanimidad en el designio de poner fin a la provisionalidad y recuperar la normalidad institucional: por una parte, el partido que ha ganado las elecciones con mayoría relativa el 20D y el 26J aspira a que el gobierno que se forme prosiga la labor que el anterior ejecutivo venía ejecutando, con un respaldo de 186 diputados, es decir, con clara y rotunda mayoría absoluta. El discurso de Rajoy se refiere insistentemente a la necesidad de evitar que se desencamine el rumbo emprendido? algo que muy probablemente no compartirían los hipotéticos compañeros de viaje que hicieran posible su investidura.
La demás formaciones tienen evidentemente intenciones distintas. Ciudadanos, que es una organización de centro-derecha, ya ha expresado un sinnúmero de objeciones a las políticas populares de la legislatura anterior, a buena parte de la LOMCE, a muchos aspectos de la política económica restrictiva, a los recortes inmisericordes a que fueron sometidos los servicios públicos, a una legislación laboral que arrasa buena parte de los derechos históricos, etc.
Y, por supuesto, las dos grandes organizaciones de izquierdas, el PSOE y Podemos, plantean políticas radicalmente diferentes para un hipotético gobierno de ese signo. En el caso del PSOE, ya con experiencia de poder, es previsible que incrementaría el papel del sector público (aunque fuera a costa de una subida de la presión fiscal), que recuperaría los vectores esenciales de las anteriores etapas de gobierno tratando de evitar los errores cometidos, que haría lo imposible para restañar las insoportables desigualdades que han resultado de la crisis, que han reducido dramáticamente el tamaño de las clases medias y que han arrojado a los aledaños de la pobreza a mucha gente.
Quiero decir, en fin, que la necesidad mecánica de un gobierno para que cubra el vacío institucional actual es relevante, pero lo verdaderamente importante es que este país tome decisiones explicitas (y los ciudadanos asuman los frutos de esas mismas decisiones), emprenda un rumbo determinado, lleve a cabo valientemente las reformas que necesita, afronte los problemas irresueltos que no admiten mayor demora el de Cataluña en primer lugar y deje en definitiva de dar vueltas a su propia y corrosiva indecisión. La clase política no está, en estos aspectos, a la altura deseable pero la ciudadanía tampoco da muestras del coraje que sería necesario en situaciones de bloqueo como la actual.
