Reconozco mi ignorancia y mi falta de comprensión de ciertas expresiones, siempre arcanas, que suelen ser empleadas con fruición por los políticos nuestros, las cuales, y que a pesar de su rimbombancia suelen carecer de significado real apreciable.
Una de esas expresiones es aquello de llevar a cabo "políticas activas de empleo" la cual entre otros significados parece contener el de intermediar en el mercado laboral, sin que tampoco se alcance a entender muy bien cuál es la traducción al Román paladino de esta última explicación. Pido disculpas a los entendidos en la materia si deslizo alguna inconsistencia intelectual entre estas líneas, pero es que hay hechos constatables que parecen ir en la dirección contraria de la que el sentido común aconsejaría en cuanto a la realidad de llevar a cabo ese tipo de actividad político-laboral.
Un ejemplo: cuando uno llama a la empresa eléctrica de arraigo insular, que presta servicios, supongamos de suministro de energía eléctrica, en nuestra comunidad autónoma, resulta que su llamada es respondida por personas de innegable acento de allende los mares, personas que ya están perfectamente instruidas, pues cuando se les pregunta desde donde se contesta a nuestra llamada, se responde prontamente que desde Madrid, cosa de dudosa veracidad. Y esa manera de hacer vale para no pocas otras entidades empresariales que actúan en el mercado nacional, por lo que no es nada inhabitual que se conteste a llamadas hechas aquí con voces de allí. No hará falta tener que poner de relieve que en este País existen una no escasa de cantidad de personas carentes de trabajo y en busca de él, elemento éste que no debe perderse de vista para analizar el resto de mi modesto comentario.
Si además añadimos que el llamante de aquí intenta hacerse entender sin demasiado éxito, lo cual es constatable durante el transcurrir de la conversación, en cuanto a una incidencia ocurrida en esta tierra extraña por alguien de allí, que demuestran clara dificultad en comprender nombres, geográficos o personales, indescifrables, que vienen de una lengua incomprensible, para aquellos habitantes de lugares donde esa lengua no es tan siquiera conocida, el cuadro adquiere su verdadera dimensión.
Esta muestra sirve para llevar al papel la preocupación que me carcome. Vamos a presuponer, como hace sospechar la dulce habla que responde a nuestras llamadas a ciertos centros de asistencia al cliente, que esas centralitas de empresas que tienen dentro de nuestra geografía su fuente de negocio, se ubican en parajes geográficos de allende de nuestras fronteras e incluso al otro lado del charco; si ello fuera así, sería de todo punto incomprensible que esas mismas empresas que hurtan la contratación de quienes deben atender esas llamadas a los que en nuestra tierra se hallan sin empleo, y en muchos casos sin esperanza de obtenerlo, se beneficiaran a través de algún que otro recoveco, siempre legal pero difícilmente ético, de subvenciones o deducciones fiscales o de algún otro tipo.
Con este actuar se perpetra incluso una cierta competencia desleal, que deja al pequeño y mediano empresario, fuera de tales ventajas, puesto que a ellos no les es factible ubicar a sus telefonistas en Cochabamba, Arequipa o Guayaquil, y que por ello no tiene derecho a las mismas ventajas económico-fiscales que les son dadas a las grandes empresas. Y debiera dar igual si la centralita establecida en otro hemisferio, forma parte de la empresa misma o está protegida por el paraguas de la subcontrata o la ingeniaría empresarial.
Se me ocurre, por ello, que no sería descabellado, precisamente para actuar de forma proactiva en cuanto a la creación de empleo y si me apuran en apoyo de la deseable igualdad para con otros empresarios, el dejar fuera de efecto cualquier tipo de subvención y/o deducción fiscal, a todas aquellas empresas que, obteniendo sus beneficios en el mercado nacional, las cuales en lugar de dar empleo a las personas dispuestas a ello en nuestra sociedad, entre las cuales con seguridad se hallan algunos de su propios clientes, prefieren hacerlo en lugares alejados ignorando que por cada persona que contratan allí distancian de contratación a un ciudadano de aquí, al que dejan sin trabajo.
No es entendible desde el punto de vista de la simple contratación el que sea factible establecer un centro de recepción de llamadas en algún lugar recóndito de antiguos virreinatos, pero en sentido contrario sea altamente complicado el establecerlo en Navalcarnero u Onteniente, aún cuando estoy abierto a posibles explicaciones. Por ello pareciera justo y necesario llegar a la conclusión del obligado cumplimiento de una cierta norma laboral-fiscal: si se contrata aquí, puede accederse a las ventajas dinerarias que el Estado concede a quienes así se conducen, y a contrario los que contratan fuera del mercado laboral español, pudiendo hacerlo dentro de él, que les sea vetado tales privilegios. Así de simple, así de justo; quizá entonces se comprendería mejor que se quiere decir por "políticas activas de empleo".
*Abogado
