La retirada de la acusación formulada por el gobierno balear contra el expresidente Matas por presunto blanqueo de capitales en la compra del celebérrimo palacete, inversión que fue realizada con dinero público usurpado por aquella máxima autoridad autonómica del erario común, es imposible de explicar, siendo como es la Abogacía de la comunidad autónoma un organismo de la presidencia regional.
Ya resultó chirriante que la fiscalía anticorrupción estuviera negociando, según se publicó, con Matas un acuerdo que permitiera a este personaje eludir la prisión devolver lo robado y delatar a los cómplices no puede eximir de culpa en un estado democrático de derecho, pero es directamente indecente que el poder político acompañe al fiscal en semejante viaje, ya que ello legitima institucionalmente una decisión que en principio se debería a una argumentación simplemente jurídica.
El descrédito del sistema bipartidista, que dio lugar al surgimiento de otras opciones, se debió sobre todo a la sensación de compadreo entre el PP y el PSOE en ciertos casos de corrupción en las cajas de ahorros por ejemplo, así como a la debilidad de las condenas y a cierta benevolencia en los juicios. A lo que se ve, ciertos sectores del PSOE no han aprendido todavía la lección.
