La débil cultura política de este país hace posible que se difundan tópicos sin el menor fundamento, que con frecuencia influyen decisivamente en las preferencias colectivas y en los resultados electorales. Así por ejemplo, en los últimos tiempos se ha dicho que un gran pacto educativo, que unifique los criterios y sirva para confeccionar leyes consistentes y duraderas, es particularmente necesario porque nuestro déficit educativo no se debe a una falta de financiación, que es suficiente, sino a las deficiencias estructurales del modelo. Seguro que quienes lean estas líneas lo habrán escuchado con alguna frecuencia.
El último informe de la OCDE es sin embargo bien ilustrativo, con la particularidad de que la información que proporciona este organismo internacional ha tenido que ser supervisada por Montserrat Gomendio, actual directora adjunta de la Dirección de Educación en la OCDE tras haber desempeñado la secretaría de Estado de Educación con el ministro José Ignacio Wert, actualmente qué casualidad embajador de España en la OCDE. Y los datos no arrojan dudas de interpretación: el gasto educativo español es inferior a la media de los 35 países de la OCDE en todas las etapas educativas. Algo que nunca se reconoció mientras Wert y su antigua número dos, que también es su compañera, dirigían la educación en España y sacaban adelante una ley impuesta sin el respaldo de la comunidad educativa ni de todas las demás fuerzas políticas que tiene escasas posibilidades de llegar a entrar completamente en vigor.
Pero hay más: mientras la mayoría de los países han mantenido invariable la inversión en educación a lo largo de la crisis el promedio se mantuvo en el 11% del gasto público total entre 2008 y 2013, en España se redujo un punto, hasta sólo el 8%. En definitiva, los 46.000 millones de euros destinados en 2015 a la educación en España son 7.000 millones menos que en 2009, año de máximo esfuerzo educativo y a partir del cual la inversión empezó a descender. La reducción se aprecia también en términos de porcentaje del PIB: si destinábamos a educación en 2013 el 5% del PIB, en 2016 el porcentaje ha caído al 3,89%. Los recortes han representado la pérdida de entre 23.000 y 30.000 docentes, según las fuentes, y es ocioso decir que se han acentuado las deficiencias estructurales del modelo a pesar de que las familias, como ha advertido la Fundación BBVA en un informe, han incrementado el gasto en educación para tratar de contrarrestar la merma de recursos públicos.
En estas condiciones, emprender el debate cualitativo de fondo carecería de sentido. Este país, extraordinariamente atrasado en innovación y con una economía sobrecargada de actividades de bajo valor añadido, necesita extremar su esfuerzo en educación aplicando los recursos necesarios, primero, y organizando después el sistema de acuerdo con los principales expertos y por consenso de las principales fuerzas políticas.
Conviene recordar que cuando España comenzó a crecer después de la profunda crisis, lo primero que planteó el gobierno fue una bajada del IRPF, mucho antes de regresar a los anteriores niveles de gasto público en sanidad y en educación. Quiere decirse que lo ocurrido en realidad es que se ha aprovechado la crisis para rebajar conscientemente el estado de bienestar, para limitar el papel del Estado y mermar por tanto la igualdad de oportunidades. Porque este, el de la igualdad de oportunidades, ha de ser el gran objetivo del sistema educativo: cada cual ha de poder llegar formativamente hasta donde quiera y le permitan sus capacidades, sin que el nivel económico pueda frustrar una vida ni limitar un horizonte. Queda, en definitiva, mucho por hacer, y debemos designar con mucho cuidado a quienes hayan de llevarlo a cabo.
