Con poco más de dos meses de vida, la situación actual de la ecotasa resulta bastante difícil de explicar porque se mueve entre la confusión de su administración práctica, la afinidad del criterio sobre el destino de lo recaudado y las desavenencias de última hora que, a falta de explicaciones por parte de quienes las han promovido, los hoteleros, están en el mismo concepto y creación del tributo. Todo junto acaba siendo muy incoherente y aboca hacia el escepticismo a una ciudadanía que, por regla general, acepta la ecotasa de buen grado.
Mientras la comisión del Impuesto Sostenible, en la que participa el propio sector empresarial, acepta sin votos en contra que la ecotasa tenga prioridades hídricas y medioambientales, sin ocuparse de nuevas desaladoras, el Govern no halla explicación a la impugnación del reglamento del tributo y a la demanda que ha anunciado la Federación Hotelera. Mucho menos cuando la entidad demandante ha participado en la confección de la norma que la desarrolla. El responsable de Turismo, el vicepresidente Barceló, ve en la operación un empeño especial en "poner palos a las ruedas" y viene a llegar a la conclusión de que no se está en contra de la base legal definida o de un detalle u otro, la oposición hotelera afecta de plano a la misma existencia de la ecotasa, independientemente de cuál sea su contenido.
La Caeb ha aplaudido de forma incondicional la confección de la demanda "que se presentará con los argumentos que se consideren oportunos". Es el mismo rechazo al concepto y no al contenido, vestida con otro genérico, el de que "la política turística debe desarrollarse en toda su amplitud y globalidad", posición que CC OO considera "vergonzosa" ante una ecotasa low cost que poco tiene que ver con los importes que se cobran en muchas ciudades europeas por el mismo concepto.
De todos modos, está claro que queda abundante confusión en la aplicación práctica del impuesto, motivada en buena parte por la regulación parcial del alquiler turístico. Y no solo eso. Sin ir más lejos, el mismo Ejecutivo se ha olvidado de cobrar la ecotasa en sus refugios de playa y montaña y ahora se ve obligado a mover cielo y tierra para reclamar cincuenta céntimos diarios y retroactivos a los usuarios.
Entre tanta dispersión, el Govern se decide ahora por buscar el orden a través de una norma transitoria que regule el alquiler turístico. Lo hará sin definir las zonas de ubicación porque está fuera de sus competencias. El criterio urbanístico, los planes de intervención, son competencia de los consells insulares. Pese que su recaudación se está produciendo con bastante normalidad, por lo menos en los establecimientos reglados, la ecotasa mantiene todavía muchos frentes abiertos. Uno de los más evidentes y palpables es su uso como herramienta para incrementar la distancia y la guerra sorda que protagonizan el sector hotelero y el Govern. Todo indica que habrá nuevos episodios.
