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Jose Jaume

Un ventajoso crédito que cuesta 26.000 millones

Es un crédito concedido en condiciones ventajosas que tendrán que devolver los bancos, a los españoles no les costará nada. Lo proclamaron ufanos Rajoy y Guindos cuando se tuvo que pedir a Bruselas el rescate de las entidades financieras. Ahora sabemos, casi cinco años después, que el presidente del Gobierno y el ministro de Economía mintieron con descaro: el rescate supone un desembolso de dinero público de algo más de 26 mil millones de euros. Cada español contribuye con aproximadamente 500 euros. Algo más si se tiene en consideración la variable de que los que se han beneficiado de la amnistía fiscal dejan de pagar la mayor parte de lo adeudado al fisco. Una tomadura de pelo. Otro de los muchos embustes con los que Mariano Rajoy nos ha regalado a lo largo de sus cinco años en la presidencia de Gobierno, casi uno de ellos en funciones, lo que le permite el chalaneo de no acudir a rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, a la espera de que el amortizado Tribunal Constitucional diga lo que considere sobre tan flagrante escapismo antidemocrático, auspiciado por Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en funciones para todo, quien anda desabrida al comprobar cómo una tras otra dejan de cumplirse tanto sus previsiones como sus ambiciosas expectativas.

A lo que nos ocupa: el rescate de los bancos o de las viejas cajas de ahorro, como se encargan reiteradamente de matizar los directivos de los primeros, incluyó una intervención de Rajoy en el Congreso de los Diputados, trufada de numerosas declaraciones públicas, en la que negó que se tratara de un rescate, incidiendo en que lo que se había concedido a España era "un crédito en condiciones ventajosas", y añadiendo enfáticamente que en ningún caso supondría una carga para la Hacienda Pública, puesto que el "crédito en condiciones ventajosas" sería devuelto por las entidades financieras. La falsedad era evidente, entre otras razones porque las cajas estaban siendo o absorbidas por otras entidades financieras, después de que previamente fueran recapitalizadas con inyecciones de dinero público, o nacionalizadas, con lo que se hacía evidente que los paganos seríamos los españoles. Pero Rajoy no se apeó de su falaz discurso. Todavía hoy sigue sin hacerlo, aunque sí proclama que gracias a su determinación España se libró del rescate. Calla como un muerto que la economía española está de facto intervenida, que el "inexistente" rescate bancario ha comportado y comporta unas contrapartidas de obligado y oneroso cumplimiento.

Cargar con 26.000 millones de euros de débito presupone tener que vérselas con unos presupuestos generales del Estado sumamente restrictivos, que incluyen ajustes varios que añadir a los derivados de la reducción del déficit.

Rajoy lo silencia. La interinidad en la que está inmersa España desde diciembre hace que esos asuntos únicamente sean aireados por Rajoy y su Gobierno para atizar a Sánchez y al PSOE, al hacerlos únicos y exclusivos responsables del manoseado bloqueo. Rajoy, cuando se le pregunta por los 26 mil millones calla, al igual que no abre la boca cuando se le interroga sobre lo que quiere hacer con Rita Barberá, una de sus amigas del alma. Contemplar las imágenes de Rajoy en Galicia poniendo cara de atolondrado para rehuir las preguntas es ilustrativo de la degradación a la que ha llegado el presidente del Gobierno en funciones, quien lo que quiere es llegar a diciembre, a las terceras elecciones, para ver si de ellas sale con la mayoría suficiente para ser elegido.

Uno de los fundadores de Alianza Popular, el partido conservador que se refundó en el PP, además de amigo de Manuel Fraga, ha dejado dicho en la Ser, al analizar la postrera Diada de Cataluña, que Mariano Rajoy mantiene una actitud de un "autismo estúpido". Meilán Mestre dejó en silencio a sus contertulios cuando espetó tan contundente afirmación. Rajoy hace trizas el entramado institucional, está llevando las cosas a unos extremos que parecían desterrados de la política española desde los ya lejanos tiempos de la Transición. ¿No tiene la derecha los adecuados mecanismos para prescindir de este hombre? ¿No se da cuenta de que el estropicio pasará, pronto o tarde, una factura que costará mucho saldar?

Mariano Rajoy es un político tóxico, esencialmente por su inacción y por carecer de la grandeza necesaria para percibir que el mejor servicio que puede prestar es el de dar paso a otros. Lo lamentable es que en su partido nadie osa abrir la boca para constatar lo obvio. La cantinela de que ha ganado dos elecciones consecutivas que le dan derecho a gobernar parece inamovible. No hay forma de que se entienda que el PP viene de perder medio centenar de diputados, que de gobernar con la más consistente mayoría absoluta alcanzada por la derecha en España ha pasado en cuatro años a ser una minoría mayoritaria, que sigue gobernando en funciones por la espectacular incapacidad de la izquierda para coaligarse y el estropicio interno del PSOE hoy como ayer empeñado en destrozarse y machacar a quien han elegido como secretario general. Pero ello no resta ni un ápice de responsabilidad a Rajoy, a su empecinamiento en mantenerse, porque, de irse, se le abrirá un horizonte penal poco grato. El y su círculo de hierro están dispuestos a todo, hasta llevarnos a las terceras elecciones. El desparpajo que exhiben para adoptar medidas que conculcan la legalidad democrática es indescriptible; la última, la actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, antes amiga de Rajoy que servidora de su elevado cargo institucional.

Buceando en el tiempo, tal vez podamos hallar alguna semejanza con lo que nos acontece en los convulsos años de la Restauración canovista, allá por las primeras décadas del pasado siglo. Entonces, la sucesión de inestables gobiernos era norma; la corrupción estaba prácticamente institucionalizada y el bloqueo político se había tornado insoluble. La crisis económica añadía ponzoña. Todos, elementos del agotamiento del sistema, que se fue definitivamente al garete en septiembre de 1923, con el incruento golpe del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Los síntomas de que el sistema nacido en 1978 se agota son tan evidentes como los detectables en el segundo decenio del siglo XX.

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