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Eduardo Jordà

Las siete esquinas

Eduardo Jordá

Diada

A ntes del partido entre el Manchester City y el Manchester United -justo en vísperas de la última Diada-, Pep Guardiola dijo que en España se debería hacer lo mismo que se hizo en el Reino Unido con el referéndum escocés. Y en nuestro país hay miles de personas -o millones, más bien- que opinan exactamente lo mismo. ¿Por qué no se permite hacer aquí lo que sí se hizo en Escocia? La conclusión, por supuesto, es que aquí no se puede porque vivimos en un Estado autoritario y profundamente antidemocrático, aparte de corrupto, ineficiente, rancio y machista (y casposo, muy casposo, porque nunca puede faltar este adjetivo cuando se habla de España). Y esto, me temo, es un dogma de fe para mucha gente, incluidos catedráticos, profesores de Historia y gente por lo general muy culta e ilustrada (o que debería serlo).

Pues bien, siento decir que el referéndum escocés fue posible en el Reino Unido por dos razones que no son aplicables en España. La primera es que el Reino Unido no tiene una Constitución escrita en la que se dictamine la indivisibilidad del territorio nacional, cosa que sí ocurre en España, cuya Constitución de 1978 estipula "la indisoluble unidad de la nación", como hacen el 99´9% de constituciones de todo el mundo (con la excepción de Etiopía, Uzbekistán, Liechtenstein y unas islas caribeñas que ya no recuerdo). Es decir, que en el Reino Unido el referéndum escocés pudo organizarse porque no atentaba contra un principio constitucional referido a la indivisibilidad del territorio. Y la segunda razón, no menos importante, es que Escocia era un reino independiente que en 1707, por una decisión soberana de su Parlamento, acordó la unión con Inglaterra. A resultas de esa unión surgió un nuevo país que lleva el nombre de Reino Unido, formado por cuatro naciones distintas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero lo más importante de todo es que Escocia disponía de una soberanía nacional previa -la que tuvo como reino independiente durante al menos cinco siglos-, y fue esa soberanía previa la que le permitió ejercer el derecho a recuperarla, tal como se hizo en el referéndum de 2014 autorizado por David Cameron.

Estas cuestiones son áridas y complejas y no harán perder ni un segundo de su tiempo a ningún Youtuber -ni al docto diputado Rufián-, pero son esenciales para entender las razones que permiten realizar un referéndum en Escocia que aquí no podría realizarse sin saltarse toda la normativa legal. Se mire como se mire, y digan lo que digan los historiadores favorables al independentismo, Cataluña no fue nunca una nación ni un reino independiente. Cuando tuvo una realidad nacional propia fue dentro de la Corona de Aragón, que era también una especie de confederación de reinos (entre ellos el de Valencia y el de Mallorca, pero no el de Cataluña, que sólo fue principado). En Palma vivió un historiador que sabía mucho de la corona de Aragón, don Álvaro Santamaría, que fue profesor del Instituto Ramón Llull hasta su jubilación. Lástima que don Álvaro muriese hace ya algunos años, porque sería muy útil saber lo que pudiera aclararnos ahora sobre la identidad nacional catalana.

El tema del referéndum soberanista es peliagudo porque implica cuestiones legales muy complejas. En sentido estricto, Cataluña no puede ejercer el derecho de autodeterminación, tal como lo recoge la legislación internacional, porque no es una nación soberana ocupada por una potencia extranjera ni sometida a un gobierno ajeno que expolie sus riquezas. Dicho en otros términos, Cataluña no es Goa ni Macao ni Rhodesia. Y si Cataluña no tiene soberanía propia, cualquier legislación que le reconociera el famoso "derecho a decidir" -que no es más que una forma engañosa de denominar el derecho de autodeterminación- se lo estaría concediendo "de facto" por el simple hecho de autorizarla a convocar el referéndum. Todo eso, repito, es complejo y difícil y requeriría negociaciones muy largas entre expertos jurídicos de primera categoría. Y además, autorizar un referéndum supondría un dificilísimo ensamblaje jurídico que es difícil imaginar en un país tan poco dado a los pactos y a la negociación como es el nuestro.

La democracia no es un ritual mágico que puede ser usado en cualquier modo -como cree nuestra izquierda folclórica- sino una norma que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y si unos ciudadanos pretenden arrogarse unos derechos que implican a otros, esos ciudadanos no cuentan con un mandato democrático que les permita hacer lo que quieran. Es así de sencillo y es así de complejo.

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