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Antonio Papell

La exclusión de los nacionalismos

Anton Costas, catedrático de Economía Aplicada de la UB y hasta hace poco presidente del Círculo de Economía de Cataluña, es uno de los analistas políticos más lúcidos de este país y manifiesta una fina sensibilidad periférica es gallego de nacimiento muy poco frecuente en estos tiempos de recentralización y confrontación entre fuerzas centrífugas y centrípetas. Y en un artículo reciente, ha denunciado que el proceso fallido de negociación que se ha emprendido tras las elecciones del 20 de diciembre ha ignorado la cuestión territorial, un asunto candente que en todo caso tiene una relevancia fuera de toda duda (en él nos jugamos nada menos que la supervivencia del propio Estado).

En todas las negociaciones y conversaciones, las formaciones más significativas se han centrado en tres asuntos horizontales: economía, cuestión social y regeneración democrática. No han hablado una palabra de la cuestión territorial. Y no lo han hecho, sobre todo, para evitarse conflictos internos. "Pero la política real ha escrito Costas descansa también sobre un segundo eje, por decirlo así, vertical: el del reparto del poder político entre gobierno central y gobiernos autonómicos y el de las capacidades de decisión de los ciudadanos que viven en cada territorio. La ocultación de este eje se ha visto favorecida por la retórica política utilizada. La división bipolar en partidos 'constitucionalistas' y 'no constitucionalistas' ha dado por probado que los partidarios de la reforma territorial del Estado, sean o no partidarios de referéndums, no caben en la Constitución. Y, por tanto, deben ser echados del acuerdo para la investidura. Se les ha demonizado antes de ponerse a hablar. Esta retórica es perversa. En la Constitución caben también los partidarios de cambiarla. La cuestión no es lo que se desea, sino cómo se pretende alcanzar. Si es por los caminos legalmente establecidos, no hay nada que objetar, como ha señalado el Tribunal Constitucional".

Efectivamente, en la hora de los cómputos se ha cometido una gran e imperdonable simplificación: se ha prescindido de los 9 escaños de Esquerra Republicana, de los 8 de la antigua CDC, de los 5 del PNV e incluso de los 2 de EH Bildu. Se responderá no es ninguna sorpresa que con semejante patulea no se puede hablar ni negociar porque sus propuestas son directamente inconstitucionales y por lo tanto no son admisibles en el marco del debate democrático. Eso habría que verlo porque es muy difícil de creer que si, en lugar de abroncar preventivamente al disidente, se invita caballerosamente al nacionalismo catalán a una reflexión serena, basada en la voluntad de llegar a acuerdos razonables, no sea posible emprender un diálogo dentro del ámbito cartesiano de la democracia que se practica por estos pagos.

Con seguridad, si se plantea a los republicanos de ERC y a los antiguos convergentes la posibilidad de alcanzar objetivos por la vía de la reforma constitucional, que abra cauce a posibilidades federales e incluso confederales, que ofrezca un horizonte a una concepción todavía más descentralizada del Estado y a otras modalidades de solidaridad interterritorial, quienes hoy se han encerrado en su laberinto autodeterminista porque no encontraron otra salida a su ambición se atendrán a razones.

Naturalmente, este camino es arduo y quien lo recorra tendrá que pagar un precio y que experimentar un desgaste, pero es muy probable que encuentre importantes compensaciones. Porque si se persiste en la confrontación sin paliativos, en utilizar exclusivamente la vía jurisdiccional desnuda, y se obvia la política, el conflicto catalán no tiene solución, lo que nos abocaría a un auténtico drama.

Estamos a tiempo de entenderlo y de recomponer los debates para no insistir con pertinacia en el error.

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