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Llorenç Riera

La porción de ecotasa con sólida base ilegal

Ala hora de ingresar, la caja acostumbra a mostrarse bastante indiferente sobre orígenes y procedencias de los nuevos nutrientes. Ve y le interesa cuánto entra, no mira cómo se ha generado. Ejemplo, la ecotasa. Por lo menos una parte importante, nada despreciable, de ella.

El impuesto sobre alojamientos turísticos se ha hecho extensivo, como es sabido, a todas las formas de residencia vacacional por cuenta ajena. Los alquileres en edificios plurifamiliares no han quedado excluidos del paquete por muy ilegales que sean.

Lo son porque la Administración los considera turísticos siempre que no se excedan de dos meses y porque, a día de hoy, pese a las promesas de hacerlo, nadie ha regulado esta práctica real, visible en cualquier lugar de las islas, pero marginada de la ley. De momento, el Govern solo se ha acordado de ella en el momento de planificar la ecotasa. Resulta difícil hallar una incongruencia mayor que esa de una Administración que exige un tributo sobre una actividad que ella misma no logra normalizar ni legalizar.

La única forma factible de cobrar la ecotasa a los arrendamientos turísticos en edificios plurifamiliares era el establecimiento de un registro cuya inscripción debe ser voluntaria por necesidad porque, a falta de legalidad la Ley de Arrendamientos Urbanos es el comodín, pero no el marco coherente para el caso tampoco hay control ni conocimiento de la situación real.

La patronal del sector ha hecho campaña en contra de que los afectados se apunten en el registro de pago de la ecotasa pero, aun así, 1.784 titulares de arrendamientos en inmuebles plurifamiliares lo han hecho y están dispuestos a liquidar el impuesto turístico con luz y taquígrafos. Es una expresión más, nada marginal, de la demanda de regularización de esta porción del sector. El Govern tiene cada día menos pretextos para la tardanza que está exhibiendo al respecto.

El 19,2% de las viviendas vacacionales ilegales de Balears se ha inscrito. Lo ha hecho con una distribución bastante desequilibrada. En Mallorca es el 14%, pero en Eivissa suma el 38%.

Hacienda no tiene nada que alegar. Ella recauda, que es su misión. Sus responsables puntualizan que para el fisco, la sección discriminada de los alojamientos turísticos está constituida por contribuyentes regulares. No se detienen en puntualizar o diferenciar si la cuestión deja de estar reglada en Balears y por contra lo está en otros puntos de España.

Es la realidad que todo el mundo ve pero que ha acabado padeciendo alergia a la normalidad administrativa por imposición de los gestores públicos y probablemente por presión de las grandes cadenas hoteleras. Sea como sea, es una incongruencia que no puede perdurar por más tiempo en la situación actual.

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