Entre tanta investidura fallida, vacaciones oficiales y carencias presupuestarias, parecía que Jaume Matas había logrado diluirse entre el silencio y la vorágine política. Pero no. El juez Castro, nada empático con la jubilación, ha seguido trabajando de la forma acostumbrada. Ayer, aportó el resultado de su esfuerzo estival: el cierre de seis piezas separadas del caso Palma Arena que abren la vía procesal para que la fiscalía Anticorrupción y la abogacía de la Comunidad lleven a juicio a 18 personas. Entre ellas figuran el expresident Matas, su esposa y cuñado, Maite y Fernando Areal y los exconsellers Bartolomé Reus y Aina Castillo. La lista se completa con familiares, arquitectos, aparejadores, constructores y publicistas.
El historial procesal ya pesa mucho más que el institucional y político sobre la trayectoria del también exministro Jaume Matas. La dilación en la instrucción de algunas de las causas más complejas que le afectan -solo se le ha juzgado y condenado por las más leves- ha abierto abundantes especulaciones sobre su capacidad de influencia y maniobra en los lindes del Poder Judicial. Sobre todo cuando se equipara su caso al de otros políticos procesados y condenados. Aquí la comparación de su situación con la de Maria Antònia Munar resulta inevitable, pero cada vez resulta más evidente que la acción de la Justicia tampoco se reblandece cuando se encara con Jaume Matas. Su funcionamiento, mecánico y lento, permanece activo.
El patrimonio de Matas y su nivel de ingresos reconocible en función de las responsabilidades públicas que ha ejercido, nunca han cuadrado. No lo han hecho ante las arcas de la Comunidad ni frente a la opinión pública. Ni siquiera ante la arrogancia del protagonista y sus allegados. En este punto entra en juego la Justicia, porque amasar tanto patrimonio inmobiliario entre 2003 y 2009 y confundir entre el lujo y la reforma inmobiliaria tanto pago de factura desconocida, es alimento suficiente para pensar que algo de los 63 millones del sobrecoste del Palma Arena pueden haber acabado en el caudal particular de Jaume Matas, sus familiares y testaferros.
De no ser así, cómo se pudo comprar el palacete de la calle San Felio de Palma, ahora vendido a un jeque árabe para afrontar la responsabilidad civil del caso Nóos, la casa de Colònia de Sant Jordi y el lujoso piso de Madrid que aparenta propiedad de Bartolomé Reus. Si tales adquisiciones se han hecho de forma lícita, porqué no se pueden justificar documentalmente.
La sospecha de cohecho diversificado sigue pesando sobre el expresident, su entorno familiar y sus antiguas influencias políticas. El juez Castro le atribuye el blanqueo de hasta 4 millones de euros y de haberlo hecho a través de una maniobra "burda e inútil" con Fernando Arenal y Bartolomé Reus entre los peones más implicados en las operaciones. El proceso está en disposición de decidir si Jaume Matas y compañía deben ser juzgados por todo ello.
