La ley encaminada a reparar un error histórico, el de la expulsión de los judíos españoles, los sefardíes o sefarditas, en 1492 se ha convertido en un ejemplo excelente de los disparates de nuestra burocracia. Esa ley fue recibida con aplausos que llegaron a la jefatura del Estado, siendo así que el rey Felipe VI se dirigió al conjunto de quienes mantienen a Sefarad España, en hebreo en el nombre de su etnia, y que hablan el ladino, un castellano arcaico donde los haya, haciéndoles saber cuánto les hemos echado de menos. Se trata sin duda de un cumplido que sólo hace justicia a historiadores, antropólogos y lingüistas, porque para el resto de los españoles el drama de los sefarditas resulta más bien inexistente. En particular para quienes redactaron la ley o, mejor dicho, el reglamento de su aplicación, que convierte en un calvario los trámites a superar para todo sefardita que quiera obtener la doble nacionalidad.
Uno de los requisitos absurdos es el del examen de castellano, de castellano actual, siendo así que si a los sefarditas se les quiere recuperar en teoría es precisamente por la lengua que hablan. Aun siendo posible reconocer sus semejanzas, la condición arcaizante extrema hace que el ladino y el castellano sean dos idiomas diferentes. Así que a los sefarditas se les premia por su lengua y se les castiga porque la hablan. Con la duda añadida cerca de si no habrá en este país quienes se expresan en un castellano horroroso por razones que no tienen que ver con la historia sino con las modas imperantes y nadie piensa en hacerles examen alguno cuando se van a sacar el pasaporte. Esos exámenes de lengua y de costumbres, de ciudadanía cabe decir, han proliferado como solución para convertir en español a quien quiere serlo sin que esa voluntad sirva por sí sola como parece que debería ser. El disparate es tal que los especialistas se preguntan, como retórica mejor en contra de la ley, si un Cervantes redivivo pasaría hoy la prueba de la españolidad hablada.
El resultado de las trabas que se les ponen a los sefarditas lleva a que desde que entró en vigor la ley el año pasado sólo una persona entre las casi dos mil quinientas que presentaron la solicitud ha logrado superar con éxito la carrera de obstáculos de la burocracia. Y lo más genial de esta historia de despropósitos es que, aun siendo así, la administración ha concedido la nacionalidad española en estos diez meses que lleva en vigor la ley a cerca de 4.500 pero por la vía de ignorarla. Alegando que las solicitudes se presentaron antes del 1º de octubre de 2015, cede graciosamente la condición de españoles a esos sefarditas. Dicho de otro modo, el Gobierno se ha dado cuenta de que burlar la ley es el único medio que existe para poder cumplir con el objetivo de recuperar a aquellos españoles perseguidos y expulsados hace cinco siglos y 23 años. A lo mejor es de eso, de picaresca, de lo que había que examinarles.
