Hemos asistido a la gestación de un acuerdo de investidura no de gobierno entre el PP y Ciudadanos, guiado más por motivos de coyuntura la necesidad imperiosa de formar un gobierno, que ha de basarse en la mayoría de centro-derecha que forman las dos organizaciones que por verdaderas razones de afinidad, que es escasa en la práctica, aun cuando los fundamentos teóricos remotos, ideológicos, de PP y C's sean semejantes.
Ciudadanos ha logrado una serie de concesiones que se han plasmado en el documento firmado este domingo. En cierta medida, el acuerdo consigna el precio que el PP ha debido pagar por los votos afirmativos de Ciudadanos a la investidura de Rajoy. Un precio que se abonará mediante concesiones heterogéneas, que van desde la revisión de la amnistía fiscal al establecimiento de un complemento salarial para las rentas más bajas pasando por la equiparación gradual de los permisos de paternidad y maternidad, por la elección directa de alcaldes, por un incremento anual del gasto social del 0,7% del PIB (28.000 millones en cuatro años)? El acuerdo, ulterior a un escueto pacto anticorrupción, hará seguramente digerible a sus electores la actitud de Ciudadanos, que del rechazo frontal a Rajoy ha pasado al apoyo a su investidura.
Con todo, el acuerdo no es en absoluto un pacto de gobierno, que Ciudadanos rechaza. Según parece, lo que pretendería el partido de Rivera es reproducir en el Estado el modelo de la Comunidad de Madrid, donde gobierna Cristina Cifuentes en minoría con el apoyo de C's, formación que, además de controlar estrechamente al ejecutivo, formula y saca adelante sus propias propuestas sociales con el apoyo del PSOE y de Podemos.
Pero no está claro que este modelo pueda extrapolarse al Estado, ya que gobernar un país requiere un proyecto homogéneo. La consolidación fiscal que Rajoy, desde su llegada al gobierno a finales de 2011, ha encarrilado era inexorable pero se podía hacer de varias maneras. El Gobierno del PP la ha hecho recortando severamente el gasto, con la merma correspondiente del estado de bienestar, y limitando los ingresos para no dañar el crecimiento, lo que, además de incrementar el déficit, ha dejado en situación difícil a la SS y ha impedido prestar la debida atención a las capas menos favorecidas de la sociedad. Lo que el nuevo gobierno de coalición debería hacer ahora es fundir las sensibilidades del PP, de Ciudadanos y de quienes coadyuven a la gobernabilidad, si esta se logra.
Para llevar a cabo esta fusión, es un avance que el PP haya aceptado institucionalizar una ayuda a los salarios más bajos, pero el criterio rector en esta materia es la medida de la presión fiscal: si se quiere enmendar la política de ajustes practicada hasta ahora, no habrá más remedio que incrementar la recaudación, con prudencia pero sin vacilaciones. En definitiva, un pacto de gobierno no puede basarse solo en acuerdos sobre materias concretas, no puede limitarse a ser un listado de realizaciones, sino que debe incluir unos criterios compartidos, una fe y un estilo determinados.
Las afinidades entre el PP y Ciudadanos permitirían probablemente la conversión del pacto de investidura en un pacto de gobierno, pero es más improbable que PP y el PSOE logren cualquier aproximación real. Porque aunque el modelo de desarrollo socioeconómico sea parecido, los órdenes de preferencia son radicalmente dispares. De ahí que, a falta de esta connivencia de fondo, cualquier hipotético pacto PP-PSOE debería ser ocasional y por tiempo limitado, y habría de centrarse en medidas muy concretas de modernización estructural del país, basadas en la explotación de los grandes consensos para hacer avanzar el marco político e institucional.
