La Administración ha vuelto a fallar. No está a la altura de las circunstancias ni de la demanda y necesidades sociales, en cuanto a asistencia a ancianos y demás personas sujetas a algún grado de dependencia. El problema se incrementa de forma inversamente proporcional: a mayor nivel de dependencia y necesidad de cuidado, menos recursos y personal para prestar un servicio que no puede esperar.
Nadie ha tenido en cuenta, o se ha preferido ignorar, que en los últimos años la población de Baleares se ha incrementado de forma notable y que, afortunadamente, de modo paralelo ha aumentado la esperanza de vida en todo Occidente. El archipiélago atrae a gran número de europeos jubilados y los residentes estables, al acabar su vida laboral, optan por seguir gozando del entorno familiar, de las bondades del clima y de la calidad de vida de las islas. Esta última condición se rompe sin embargo cuando la edad impone un deterioro físico o surge algún tipo de dependencia por enfermedad. Entonces no hay amparo público suficiente. Hallar plaza en una residencia geriátrica de la Administración es hoy una odisea, un ejercicio infinito de paciencia para quien ha superado todos los avatares propios de la vida. Y para sus familiares que se ven forzados a ingeniar todo tipo de malabarismos para prestar la atención adecuada a los dependientes.
La Adminstración Autonómica se confunde incluso sobre las necesidades y urgencias que debe atender. Se ha visto en las informaciones aportadas esta semana por Diario de Mallorca. Mientras desde el Consell de Mallorca se afirmaba que bajan las listas de espera para obtener plaza en un geriátrico, el Govern acreditaba todo lo contrario. Hoy, 1.500 personas evaluadas como dependientes, 569 de ellas en Palma, esperan residencia en Baleares. La descoordinación y el retraso sí que tienen plaza en gestión autonómica.
Ahora el Govern, para paliar un tanto la situación, se fija la prioridad inmediata de construir dos nuevas residencias a partir de 2017. Tendrán capacidad para 120 asistidos cada una de ellas y supondrán un coste individual de ocho millones con dos años de obras por delante. Se hará pese a la falta de liquidez y la obligatoriedad de contención del gasto impuesta por el ministerio de Hacienda. Pero la necesidad impera, por eso también se ha decido concertar 232 plazas, 180 de ellas en centros privados. Por otro lado, se baraja la posibilidad de habilitar como geriátrico una parte de Son Dureta. De hacerse, deberá ser de acuerdo con el Estado, titular de las instalaciones del antiguo hospital. Serían 140 plazas más.
En los últimos meses se ha avanzado bastante en las tareas de evaluación de la dependencia. Se ha desatascado el retraso dejado por el Govern de Bauzá. Esta es una de las causas por las cuales se ha incrementado la petición de plazas residenciales. Las últimas estimaciones de la conselleria de Bienestar Social indican que sería necesaria la construcción de ocho nuevas residencias públicas en Baleares.
No bastará con ello porque no es el único aspecto por atender. Hay que incidir en la asistencia domiciliaria y compartida. Por varios motivos, porque complementa la integral, porque es la más demanda y más barata. También, siempre que sea posible, la que ofrece mayor calidad y resulta menos traumática.
Pero los centros de día públicos están igualmente colapsados y se dan paradojas como la del centro de noche de Petra que, pese a estar equipado, permanece sin estrenar por falta de presupuesto y personal. Se supone. Pese a los esfuerzos actuales, a la Administración todavía le queda mucho por hacer para atender como es debido a ancianos y dependientes.
