La dirección del PSOE está recibiendo fuertes presiones para que facilite la gobernabilidad, es decir, la investidura de Rajoy. Algunas provienen de su propia estructura, como las que ejercen los presidentes González y Zapatero, ambos claramente partidarios de que el partido socialista realice un gesto de magnanimidad; otras, de la sociedad civil, que esgrime argumentos de interés general; algunas más, vienen camufladas bajo ropajes patrióticas o de ética pública, y son estas las que más dudas suscitan, tanto a quienes tienen que tomar las oportunas decisiones como a quienes examinamos desde fuera el asunto.
Antes de llegar a una conclusión, conviene dejar sentadas algunas premisas incuestionables. Una primera, que el comité federal del PSOE tomó el 9 de julio pasado la decisión solemne y unánime de votar no a la investidura de Rajoy; esta decisión es la que está administrando la dirección federal del partido. En segundo lugar, según la encuesta de Metroscopia (publicada el 11 de julio), el 74% de los votantes del PSOE prefiere que el PSOE deje gobernar a Rajoy a cambio de unas serie de reformas pactadas antes que forzar unas nuevas elecciones; sin embargo, para dar su significado cabal a esta cifra, hay que ponerla al lado de esta otra: el 86% de los votantes del PSOE (y el 70% del conjunto de los electores) piensa que Mariano Rajoy debería renunciar a ser presidente si ello facilitase la formación de gobierno. Y en tercer lugar, y a modo de corolario de lo anterior, hay dos formas de desbloquear la situación: que el PSOE ceda y entregue las once abstenciones necesarias para que Rajoy sea presidente, o que Rajoy renuncie a ser presidente en cuyo caso otro representante del PP, sin la carga de pasado que hoy lastra a Rajoy, conseguiría fácilmente la investidura.
Esta evidencia no significa que la retirada de Rajoy sea necesariamente la fórmula más razonable de conseguir la gobernabilidad, entre otras razones porque, como se ha repetido estos días, Rajoy consiguió el 26 de julio un incuestionable refrendo personal ya que mejoró los resultados del 20D en un 4,3% de votos y 14 escaños. Pero sirve para descargar siquiera en parte la presión que soporta el PSOE: no existe una única solución para la gobernabilidad -y el que diga lo contrario, miente-, y tan duro puede llegar a ser para un partido defraudar a sus electores como renunciar a un liderazgo.
Por último, la cuestión ha de considerarse desde el punto de la propia coyuntura: parece perfectamente lógico que en un parlamento del que no se puede extraer una opción de izquierdas -es comprensible que el PSOE no esté dispuesto a ir del brazo de Podemos ni a aliarse con el soberanismo radical-, los socialistas piensen que el esfuerzo de agrupación y síntesis deban hacerlo las opciones conservadoras, especialmente PP y Ciudadanos. A eso se han puesto tardíamente estas dos opciones, y no cabe duda de que la disposición del PSOE a facilitar la gobernabilidad no será la misma si Rajoy puede exhibir desde la tribuna del Congreso 170 diputados que si comparece con sólo 137.
Cuando se dé esta circunstancia, cuando Rajoy pueda mostrar una potencia comparable o superior a la de Aznar en 1996 o a la de Zapatero en 2004 y 2008, el PSOE deberá tomar una decisión. En el bien entendido de que si finalmente los socialistas decidieran mantenerse escrupulosamente fieles a la palabra dada a los electores no se les podría tachar en absoluto de indignidad. De la misma manera que si finalmente optaran por la gobernabilidad del país a corto plazo tras consultar a las bases, tampoco se les podría acusar de traición.
