Mañana, el Partido Popular tendrá que mostrar ineludiblemente su disposición a aceptar o no las seis condiciones más la determinación de la fecha de la investidura de la Rajoy impuestas por Ciudadanos para dar comienzo a una negociación tendente a la investidura de Rajoy. Tras el estupor que produjo la demora de una semana que el PP impuso a una decisión que podría haberse adoptado sobre la marcha, hay ahora gran curiosidad por la respuesta que el comité ejecutivo es decir, el propio Rajoy ofrecerá a la reclamación de Ciudadanos. Las condiciones son bastante obvias pero no por ello menos embarazosas para el PP, ya que la comisión de investigación sobre el caso Bárcenas obligará a explicarse ante la Cámara no sólo a Rajoy sino también a Aznar, y las medidas profilácticas exigidas separarán del partido a personalidades con gran ascendiente sobre la organización política, sin cuya indolencia no se explicaría sin embargo la deriva de corrupción estructural que ha infectado tantos rincones del partido.
Si el PP plantea objeciones sospechosas que denoten cierta resistencia a someterse a este despiadado escrutinio, que en cierto modo ha sido impuesto por el electorado al establecer los equilibrios parlamentarios del 20-D y del 26-J, todo estará perdido, aunque la presión de Ciudadanos consiga más tarde recomponer el trato. Sin esta legitimación refrescante, directa y sin recovecos del encargo electoral efectuado al PP por la ciudadanía, será completamente inútil el esfuerzo de Ciudadanos por atraer al PSOE a su intento de gobernabilidad. De hecho, el PSOE ni siquiera se planteará la cuestión hasta que, una vez iniciadas las negociaciones del PP con Ciudadanos, perciba la oportunidad de participar excepcionalmente en un concreto proceso de reformas que requiera un gran consenso político y que se base en las propuestas del programa común PSOE-C's que fue defendido por Sánchez en su intento fallido de investidura. Por decirlo más claro, no tendría sentido apelar siquiera al sentido de responsabilidad del PSOE para que se adhiera a Ciudadanos en el duro trago de conceder la investidura al PP si previamente el PP no ha logrado atraer plenamente al partido de Rivera, de forma que Rajoy pueda exhibir los 169 escaños como aval de su pretensión.
En cualquier caso, conviene saber de antemano que no será en absoluto sencillo que el PSOE condescienda con la investidura de Rajoy, asunto que quedó zanjado en los dos últimos comités federales y que, según todas las encuestas, las bases socialistas tienen meridianamente claro: por abrumadora mayoría, no desean que su partido tenga participación alguna en el acceso del líder conservador a La Moncloa.
En estas circunstancias, la abstención socialista sólo podría tener sentido si fuese a cambio de una generosa propuesta del propio Rajoy la puesta en marcha inmediata de una profunda reforma constitucional y de una serie de profundos cambios paccionados, como la inaplazable reforma educativa por consenso, y previo un pacto interno de todas las sensibilidades socialistas, en el sentido de asumir por unanimidad el sacrificio y de no utilizar tal decisión en cuestiones de política interna.
Es notorio que aunque el PSOE se abstuviese solo en estas condiciones exrtremas, Podemos se apresuraría a declararse única oposición al establishment, a la casta, pero semejante manifestación sólo serviría para enclavar todavía más a la formación de Iglesias en el territorio que se ubica extramuros y a babor del sistema, lejos de las posiciones constitucionalistas y realistas que han de emprender cuanto antes la actualización de este país y que deben ponerse manos a la obra para restañar la gran herida catalana, que ha adquirido últimamente tintes siniestros.
