En estos días en que los aeropuertos de las islas están saturados y el colapso de vuelos aboca a los retrasos y demás dificultades anexas, resulta fácil que la imagen del gran caos y la parálisis del puente de diciembre de 2010 se actualice en la memoria colectiva. Aquel 5 de diciembre, de repente, los controladores de Son Sant Joan y de casi todos los aeropuertos españoles se sintieron indispuestos de forma progresiva y se fueron al médico. Eran días de desavenencias con Aena a cuenta del cómputo de horas trabajadas. El resultado de la acción, calificada como huelga encubierta por el Gobierno, fue el de miles de pasajeros abandonados sobre su equipaje. Se cerró el espacio aéreo y las torres de control quedaron militarizadas durante las horas siguientes.
Seis años después, el conflicto todavía no ha aterrizado. Cuando consiga hacerlo, deberá afrontar aún un largo desembarque. La demanda inicial por sedición fue archivada por la instructora, pero la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la causa. En el proceso, el juzgado ha cambiado de titular. El magistrado actual sí aprecia indicios de responsabilidad penal en el comportamiento de los controladores.
Semejante tesis parece mantener el fiscal porque, según se ha sabido, aparte de multas y privaciones de libertad, piensa solicitar que los protagonistas de la movilización no autorizada afronten la responsabilidad económica de los perjuicios causados. Se ha estimado en 4 millones de euros.
Hay una cincuentena de procesados, pero no todos lo están en el mismo grado. La principal carga de imputación pesa sobre quienes abandonaron el puesto de trabajo y quienes no acudieron a cubrirlo al día siguiente. El perjuicio y por tanto la alternativa de indemnización, no está concebido solo para la Administración Pública. Resultó patente para los pasajeros que se quedaron en tierra en días muy señalados, para las compañías aéreas que debieron reintegrarles el importe de los billetes y, evidentemente, para todo el sector turístico. Es la gran resaca de la confrontación entre legítimo derecho a la reivindicación y protesta laboral, frente al interés general y a la condición de servicio público con el añadido del punto neurálgico que representa el control aéreo.
Todo ello otorga aún a sus profesionales una gran capacidad de influencia y maniobra gremial. Los controladores poseen la etiqueta de disponer de abultada nómina y suficiente solvencia económica lo cual, de convertirse en efectivas, no les facilitará el presentar oposición a las exigencias que planteará el ministerio fiscal. Pero también resulta presumible que, dado el caso, los propios controladores se proveerán de todos los recursos legales disponibles para seguir presentando su acción como una indisposición y no una huelga premeditada en hora crucial.
