Los ensamblajes sociales y sus vínculos con las instituciones y los cargos electos, entendidos como ejercicio voluntario de servicio público, gozan de buena salud cuando existe capacidad y voluntad suficiente para delimitar cada cosa. O cuando se es exquisito en no beneficiarse de la confianza obtenida y las responsabilidades adquiridas se despliegan con absoluta normalidad.
En los países nórdicos no suele haber problema en separar y delimitar lo público de lo privado o particular. Otra cosa son los lugares mediterráneos. Estas islas, Balears, son un buen ejemplo de ello. Nos sobran escándalos y corrupciones de alto calibre y la intervención judicial en el desfalco político, plenamente justificada por otra parte, adquiere tintes de vergüenza colectiva. Los desvíos de poca monta apenas llaman la atención ya, pero ello no significa, ni mucho menos, que deban ser infravalorados. Nunca hay que bajar el nivel de exigencia en cuanto a transparencia y lealtad en el ejercicio del cargo electo.
Todo lo dicho viene a cuento del último caso de presunto desvío de funciones y competencias que llega a la opinión pública, hoy mismo. El juez llama a declarar, en condición de investigado, al político del PP, Carlos Veramendi. Fue diputado autonómico en la anterior legislatura y antes concejal en Palma. Los hechos se sitúan sobre esta última faceta. Se imputa a Veramendi el haber usado su capacidad de influencia y manejo en Cort para que la extinguida Patrulla Verde de las mil arbitrariedades hiciera continuos controles en los locales nocturnos de la calle Fábrica próximos al domicilio particular del entonces edil. Tres testigos han apuntado en esta misma dirección en su declaración.
En ningún caso se relaciona a Veramendi con la compleja trama de extorsión que afecta a una parte de la Policía Local de Palma. Su imputación se limita a un presunto tráfico de influencias para asegurarse un excesivo celo en el blindaje del silencio en las inmediaciones de su vivienda. Los responsables de los negocios nocturnos que se consideran perjudicados indican que la Policía se presentaba con una periodicidad reiterada y fuera de lo normal en sus establecimientos, para hacer controles de ruido que solo en contados casos acababan en sanción.
Pero, según la misma versión, la visita policial significaba perder la rentabilidad de la noche porque los clientes optaban por abandonar el local. Si la Palma del wifi perfecto y la limpieza imposible hubiera dispuesto al menos de un sistema eficaz y estable de control de ruidos y actividades, no hubiera habido lugar a que el exconcejal Veramendi cayera en la tentación de habilitarse un servicio a medida. Pero eso tampoco justifica en modo alguno la actitud que ahora se le imputa. No habrá regeneración política si no se separa lo público de lo privado.
