La revisión del estado y uso de los inmuebles que está realizando Hacienda en los municipios de Baleares está confirmando con creces lo que ya se venía intuyendo desde hace mucho tiempo: hay un considerable desfase entre el registro oficial de las edificaciones y su destino y utilización efectiva por parte de los propietarios o arrendatarios. En consecuencia, también queda desbaratada su valoración y con ella la carga fiscal por la que deben responder y contribuir.

El Catastro y, atado a él, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), han sido desde siempre los parientes pobres de la práctica y obligación tributaria. En 2014 Hacienda inició una campaña de revisión aérea de los inmuebles, que en Baleares todavía no ha acabado y que sirve para comprobar su estado y su consonancia con la inscripción catastral. Para ello se sirve de satélites y de drones, ahora tan en boga.

Es posible que el método escogido vulnere algunas normas de privacidad, pero resulta altamente efectivo a la vista de los resultados que ya se pueden contabilizar y porque obligará a más de uno a ponerse al día con el fisco y a hacer frente a retrasos por olvidos de inscripción que, sin duda, en muchos casos han sido interesados.

Los datos provisionales son muy reveladores. En los 37 municipios supervisados de momento en Baleares se han hallado 32.182 irregularidades. El 29% de ellas se corresponde con obra nueva que no ha sido convenientemente inscrita en el Catastro, pero también hay reformas sin declarar y piscinas, muchas piscinas ilegales. En este último apartado, las islas, con un 11% de irregularidades, doblan con creces la media estatal.

Es evidente que en los últimos tiempos los núcleos urbanos de Baleares, especialmente los situados en las periferias de las grandes poblaciones y en las zonas turísticas, han acentuado su uso residencial y hasta del ocio vinculado al alquiler vacacional. Esto ha provocado una mutación positiva en la calidad y valoración de los inmuebles que no está convenientemente reflejado en el Catastro, Se dan muchos casos de obras con licencia en regla, convenientemente acabadas, que después no han sido inscritas. Campañas como la que finalizará Hacienda el próximo año contribuirán a paliar estas disfunciones.

El Catastro, pese a la escasez de medios y recursos con los que suele contar, es un registro oficial especialmente sensible, porque de él se nutre el IBI que a su vez constituye la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. De ahí la importancia de su actualización.

La correspondencia de la realidad física con la documental resulta imprescindible también porque es de estricta justicia que cada uno pague y tribute en función de los bienes materiales de los que es propietario. Hay quien así lo hace sin duda alguna, pero también resulta obvio que abunda el fraude en este apartado. La revisión actual con métodos aéreos es una herramienta adecuada para luchar contra él. De no hacerse así, en el caso del IBI, como ocurre en muchos ayuntamientos, acaban imponiéndose unos tipos generales que hacen que paguen justos por pecadores.